En un comunicado difundido este miércoles, la cartera que conduce Héctor Timerman destacó que la orden adoptada por el Gobierno español en abril “evidenciaba, una vez más, las prácticas proteccionistas europeas al asignar cuotas de producción a los productores de biodiésel únicamente localizados en la Unión Europea”.
En la práctica, la norma disponía una “prohibición de hecho a la importación de biodiesel extracomunitario, dejando fuera del mercado al producto de origen argentino, líder mundial por eficiencia y costos”.
La medida fue tomada inmediatamente después de que Argentina declarara sujeto a expropiación el 51 por ciento de las acciones que la petrolera española Repsol tenía en YPF.
El 17 de agosto, Argentina cuestionó formalmente ante la OMC la resolución del Reino de España relativa al biodiesel.
“La República Argentina, en defensa de sus intereses así como los de los productores de nuestro país, inició acciones contra España y la Comunidad Europea ante la Organización Mundial de Comercio”, destacó el comunicado de Cancillería.
Luego de un intenso debate, ayer “el Reino de España se vio obligado a publicar una nueva Orden (IET 2199/2012) que deja sin efecto las medidas previstas en la norma cuestionada, convalidando las denuncias ante una medida discriminatoria y en flagrante violación de los compromisos contraídos en la OMC”.
La Cancillería resaltó que al pedido argentino “se sumó la reciente advertencia de la Comisión Europea sobre la necesidad de que España se ajuste a la normativa de la OMC, avalando la posición de nuestro país”.
El Gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que “Argentina persistirá en su reclamo hasta tanto la norma española sea derogada en su totalidad y se garantice el acceso del biodiésel argentino al mercado europeo en las mismas condiciones de trato que a los productores del resto del mundo”.
El gobierno de Mariano Rajoy publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la revocatoria de la convocatoria de asignación de cuotas a la producción del biodiésel español, con lo que no podrá aplicarse la orden ministerial para proteger la producción en la UE.
