La Dirección de Agricultura de Entre Ríos realiza un relevamiento geográfico de las escuelas rurales que quedará disponible para los responsables de fumigaciones, con el fin de evitar que esta práctica afecte a las comunidades educativas linderas a sembrados. La iniciativa, en la que también participa el Consejo General de Educación provincial, servirá para dar coordenadas a los aplicadores a la hora de realizar las aspersiones, de manera que tomen distancia.
El mapeo “está casi listo, pero hay que pulir algunos detalles”, indicó Enrique Luna, funcionario de Agricultura entrerriana, quien estimó que para principio del año venidero estaría terminado. Agregó que sólo resta el “desglose por departamento” y la información será repartida entre “las cámaras de aplicadores terrestres y aéreos, expendedores y colegios, para que cuando haya una aplicación sepan que hay una escuela rural cerca”.
Luna denunció que muchas de las empresas fumigadoras que operan en Entre Ríos no están inscriptas debidamente en el registro provincial respectivo. “Si lo estuvieran, tendrían atrás a un profesional que cuidaría todos los detalles, porque está en juego su matrícula”. Y aclaró: “No estamos en contra de la producción, pero sí bregamos para que se produzca cuidando la salud y el medio ambiente”.
Denuncias. Por otra parte, el funcionario remarcó que es fundamental que las comunidades educativas afectadas por aspersiones dejen constancia en la policía al respecto. “Nosotros podemos actuar, pero lo más importante es que tengamos la exposición policial, porque con eso tenemos más antecedentes para ver e intervenimos enseguida”.
De todas maneras, la intervención de la autoridad de aplicación de la ley vigente de agroquímicos en Entre Ríos es limitada, teniendo en cuenta que su herramienta más fuerte es precisamente una exposición policial, y porque no dispone de los medios para constatar las infracciones en el preciso momento en que se están cometiendo.
Así, un denunciante debe dirigirse a la policía, ésta corre vista al organismo provincial de contralor el cual dispone, en el mejor de los casos, de una comisión que parte desde Paraná y mientras tanto, el producto ya está aplicado y el daño ya está hecho. Obviamente la situación es más compleja si las aplicaciones ilegales se realizan en campos ubicados a cientos de kilómetros de la capital provincial.
A ello se suma la difícil implementación de la ley vigente de plaguicidas (Nº 6.599), que en sus modificatorias establece que se puede fumigar en forma aérea a tres kilómetros de los centros poblados —que prácticamente no se respeta—y no fija distancias claras para las escuelas rurales ni para las aplicaciones terrestres en general.
Según publicó La Capital, de allí que la Legislatura entrerriana evalúa sin resolución en los últimos años una modificación o bien una nueva norma. Actualmente hay dos proyectos de ley en el Senado que a partir del aporte y reuniones con distintos sectores involucrados se han ido modificando.
El punto más conflictivo del análisis es precisamente el de las distancias de aplicación. Trascendió en los últimos días que el Senado ya habría fijado proponer una mínima respecto a centros poblados, cursos de agua y escuelas de 100 metros para las terrestres y de 200 para las aéreas. Esto dista mucho de lo propuesto en proyectos presentados inicialmente como lo fijado por ordenanzas ejemplares de varios pueblos fumigados y de fallos judiciales emblemáticos, que han impuesto un mínimo de hasta 1.500 metros, en algunos casos.
Incluso, el proyecto definitivo en gestación, que se trataría el próximo 17 de diciembre en extraordinarias, postularía la imposición a los fumigadores de un aviso con 48 de antelación a las escuelas rurales, “para que suspendan las clases”, advirtió uno de sus promotores, el senador Oscar Arletaz.
