La cartera agrícola parece decidida a avanzar con una modificación al derecho que los agricultores tienen por ley a reservar producción de la semilla que compraron en una campaña, para sembrar a la siguiente.
La propuesta tiende a poner coto a los abusos que se producen en la actualidad, a partir de una legislación que fue creada en los años 70, cuando los pooles y asociaciones de siembra no tenían la importancia que tienen en la actualidad, ni la concentración de la producción de los campos. La idea del secretario Miguel Campos es que no se pueda reservar más semilla que la originalmente comprada, de tal manera que si el productor quiere sembrar una superficie mayor al año siguiente deba adquirirla en el circuito comercial porque de lo contrario infringiría la ley. Concretamente, si compra cien bolsas de semilla de trigo esta campaña, de lo cosechado no podrá reservar más de cien bolsas.
“Es un paso adelante, aunque no es todo lo que nos gustaría”, manifestó Patricio Lamarca, jefe de asesores de Campos, ante la consulta de Infocampo.
El funcionario adelantó que el equipo de Asuntos Legales del Ministerio de Economía asesoró a la secretaría de Agricultura en los aspectos formales de esta modificación. Sucede que el derecho al uso propio está consagrado por el Artículo 27 de la ley 20.247 y hay quienes plantean que cualquier restricción podría considerarse ilegal.
“La secretaría de Agricultura es la autoridad de aplicación de esta ley y tiene la facultad para establecer límites”, manifestó Lamarca, quien adelantó que este nuevo límite será materializado vía una resolución de la cartera.
Desde la industria semillera comentaron que el viernes pasado tuvieron un encuentro no programado con Campos, en el marco de la inaguración de la planta de semillas de Satus Ager, en el cual el funcionario les manifestó la intención de limitar el uso propio.
Las relaciones con la industria semillera venía sufriendo altibajos, a raíz particularmente de la Resolución 71 que autorizó la inscripción de maíces resistentes a glifosato con el gen GA21. Pero el viernes, Campos y los empresarios tuvieron buena sintonía y acordaron una reunión esta semana para tratar el tema.
“Le pedimos que nos consultara antes de sacar la resolución y que en el mecanismo de control participe el sector privado, y en ambos casos, Campos aceptó”, dijo una fuente de la industria semillera. “Si bien todavía no vimos el texto de la resolución, quedamos en tener una reunión esta semana con él”, agregó.
Un sondeo realizado con referentes de entidades gremiales de productores fue coincidente en que nadie había visto tampoco el proyecto de la norma.
La posición de las entidades puede ser muy disímil, no solo con el proyecto, sino entre ellas.
Por caso Confederaciones Rurales Argentinas está de acuerdo con el límite propuesto por la SAGPyA, pero quiere que además el productor tenga la posibilidad de reservar más semilla, pagando una regalía a los obtentores, solo que el fruto de esa nueva siembra entraría como uso propio gratuito.
En este sentido, la Federación Agraria Argentina no parece compartir la posición. “Estamos en contra de las regalías extendidas, y pensamos que acetar un uso propio oneroso (lo que propone CRA) es aceptarlas”, manifestaron fuentes de esta entidad.
Lo que más parece interesarle a la FAA es que los pequeños productores no tengan restricciones para el uso propio y algo de esto parecen haber conseguido, dado que la resolución que propone Campos contemplaría la implementación gradual de la restricción para este segmento de productores.
En tanto, en Coninagro no habría mucho plafón para el proyecto limitador. La entidad que representa al cooperativismo rural plantea que el productor tiene que tener la posibilidad de pagar la regalía, a la que denominan “canon tecnológico”, tanto en la compra de la semilla como en la venta de lo producido, en caso de haber hecho el uso propio.
El último aspecto del proyecto de Campos es el control, aspecto clave si lo hay, lo que recaería en Arpov, Inase y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
Las excepciones que previó la ley de semillas
n En 1973, el Congreso de la Nación aprobó la ley de Semillas, que lleva el número 20.247, cuyo uno de sus fines fue proteger los derechos de los obtentores de variedades vegetales.
Sin embargo, el artículo 27 contiene las excepciones que años más tarde serían motivo de discordia entre productores y obtentores.
“No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética”, reza el artículo.
De esa forma, quedaba consagrada la “excepción del agricultor”, más conocida como “uso propio”.
Incluso el Art. 25 crea otra excepción, llamada “del fitomejorador”, que se expresa en los siguientes términos: “La propiedad sobre un cultivar no impide que otras personas puedan utilizar a éste para la creación de un nuevo cultivar”.
Hoy, el foco está puesto en limitar el uso propio. El argumento es que esta excepción fue hecha cuando el desarrollo genético no contaba con el potencial actual de la biotecnología, teniendo en la mente la idea de un pequeño agricultor que vivía en y de su establecimiento. Hoy, con el auge del arrendamiento y las asociaciones de siembra, el criterio de la ley es juzgado perimido y por tanto se lo quiere aggiornar.
Mucho en Juego
Si las 15,2 millones de hectáreas que se siembran anualmente con soja, se implantaran con semilla fiscalizada, los semilleros tendrían una facturación de unos u$s500 millones, a razón de dos bolsas de 40 kg por hectárea y a u$s16 c/u. Pero ese número está hoy muy lejos.
