En el III Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano, el especialista colombiano Alberto Leguizamo Barboza advirtió que “muchos se alegran cuando ven que a un área, como ser ambiente, se le da un rango propio en una determinado sector del gobierno; sin embargo, no entienden que con esto lo que pasa es que cada vez es más difícil poder coordinar acciones, interactuar y generar políticas de Estado integradoras”.
A modo de ejemplo, se recordó que en nuestro país el área de bosques cultivados está en un ministerio (Economía) y la bosques nativos en otro (Ambiente). “Si existiera un concepto de institucionalidad también se podría ejercer mayor presión sobre las corporaciones, lo cual no es menor”, enfatizó Omar Carrero Niño. Sin embargo, donde estuvo más caldeado el debate fue en el foro de análisis de la ley 25.080, de Inversiones para Bosques Cultivados. La discusión giró en torno de cinco ejes, como las demoras en el pago del aporte económico no reintegrable (por el cual se subsidian parte de los costos de plantación) y sus consecuencias sociales; la resolución 260/474, pro la cual se exigen garantías; la situación de las provincias; y la prórroga de la vigencia de la ley.
En este sentido, el coordinador del foro, Nicolás Carusoni, denunció que “los subsidios están saliendo muy tarde. Se nota que hay un problema de gestión muy grave, algo que el sector viene afirmando desde hace mucho tiempo”.
Finalmente, Carusoni advirtió que “no se trata de extender la ley (que vence en el 2009), sino que el Estado fomente la industria forestal”, concluyó.
