La comitiva argentina, integrada por funcionarios de la Secretaría de Agricultura y del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, que participó en la tercera reunión del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad en Biotecnología realizada en marzo en Curitiba, Brasil, volvió conforme con los resultados alcanzados. Si bien nuestro país tiene voz pero no voto (porque no forma parte, ya que no ratificó el documento), se lograron negociar cuestiones importantes para la comercialización de granos. Alejandra Sarquis, directora Nacional de Mercados de la Sagpya, sintetizó las claves del encuentro, que reunió a delegados de los 132 países parte.
-¿Qué se definió en Curitiba?
-Se debatió el artículo 18.2ª sobre movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados (OVM) y se definieron dos status: i) el país parte que desee saber exactamente qué OVM hay en el embarque debe aplicar el sistema de identidad preservada, se debe definir qué contiene, y ii) para aquellos casos en que no se sepa la identidad de los OVM destinados a uso directo como alimento humano o animal para procesamiento (AHAP) se deberá utilizar la cláusula “puede contener”, que es la misma que se venía usando, pero que los países importadores de la Unión Europea y África están presionando para eliminar, debido a que exigen requisitos pormenorizados.
-¿Qué importancia tiene el hecho de que se mantenga el “puede contener” para nuestro país?
-Es un gran logro que se mantenga el “main contain” ya que sería un problema vender maíz diferenciado cuando tenemos aprobadas variedades del cereal, no se puede separar. No es viable ni para el importador ni para el exportador. La Argentina es el segundo productor mundial de OVM, que en su mayoría destina a la exportación. En 2005, el 70,5% de nuestras exportaciones de maíz y el 89,3% de las de soja se colocaron en países parte, por lo tanto es muy importante que se pueda seguir con esta cláusula. Por otra parte, consideramos que no se necesitan requisitos pormenorizados para la identificación porque los productos ya llevan implícitos análisis de riesgo y de seguridad que indican que son inocuos y seguros para el medio ambiente y que no tienen ningún riesgo para la salud humana ni animal. Entonces, generar un mecanismo nuevo de comercialización sería imposible.
-El Protocolo de Cartagena entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. ¿Qué impacto tuvo la implementación del Protocolo para la Argentina?
-Todavía ninguno. Por más que lo hayan ratificado 132 países, son muy pocos los que piden lo mínimo, ni siquiera en la factura comercial se está pidiendo el “puede contener”. En la práctica todavía no está aceitado el sistema, por eso no hay impacto, pero no por eso vamos a debilitar nuestra posición.
-¿Qué países son los que exigen los requisitos pormenorizados y cuáles se oponen?
-La Unión Europea, países de Asia y África son los que exigen la pormenorización, mientras que los Estados Unidos, Canadá, la Argentina, México, Paraguay, Venezuela, Colombia, Nicaragua y Nueva Zelanda se oponen. Brasil ratificó el protocolo, pero tiene diferenicas internas entre el Ministerio de Ambiente y el de Agricultura. Nosotros sostenemos que los países que piden estos requisitos tienen que tener sus propias leyes de bioseguridad (la Argentina las tiene) y que se acuda al Biosafety Clearing House, que es una gran base de información sobre la legislación en bioseguridad de todos los países, porque una exigencia que no esté basada en la ciencia puede convertirse en una barrera paraarancelaria.
Alexia Giménez
agimenez@infocampo.com.ar
