Cuando se analiza la coyuntura del agronegocio, la primera pregunta que surge es cuánto tiempo más puede durar este dique de contención, que ya en verdad adquiere la dimensión de una represa hidroeléctrica, para mantener el diferencial de cota entre el mercado externo y el interno, e inmediatamente surge la segunda: ¿cómo será la salida?
En una semana pródiga en novedades (se autorizó la comercialización de soja identificada, hubo una propuesta para que los exportadores autorregulen el mercado de trigo y el debate por la propiedad intelectual en semillas se puso caliente) hubo dos que particularmente llaman la atención.
La primera es que el gobierno brasileño ya habría iniciado gestiones para bajar a cero el arancel de importación de trigo de origen extra Mercosur. Normalmente esta noticia hubiera sido un terremoto para el agronegocio argentino.
Pero en las actuales circunstancias ha pasado sin gran sonoridad, más allá de que se pueda utilizar políticamente como moneda de cambio.
Es que si Brasil baja el arancel del cereal, aun en forma temporaria y por un cupo como hizo la Argentina con la urea, lo que hace es bajar la paridad de importación de trigo de otros orígenes, y eso automáticamente le pega al valor del producto argentino.
Sin embargo, en un mercado de precios récord y con un Gobierno empeñado en que el valor del cereal no sea factor de inflación, quién sabe si no se ve con buenos ojos que la acción de Brasil contribuya a enfriar el mercado interno.
Al momento de escribir esta columna, se conocía sobre una reunión que funcionarios gubernamentales habían tenido con las principales traders granarias para armar una suerte de autorregulada junta exportadora de trigo, que asegure el abastecimiento de la molinería, a cambio de la reapertura de los registros de exportación.
Una solución sui generis para una coyuntura también muy particular. La otra noticia era un informe de la asociación de consumidores Deuco, donde se señalaba un aumento del 20% en el precio del pollo, durante las dos últimas semanas de agosto.
Si bien se trata de un relevamiento privado, los números significarían el virtual fracaso de la política de compensaciones a los procesadores de cereales y, por ende, su certificado de defunción.
Es que la lógica que guió esta política de reembolsos, que hizo que la Oncca pasara a ser más nombrada como pagadora que como fiscalizadora, era que manteniendo los precios de los insumos agrícolas estables por medio de reembolsos, se garantizaba estabilidad en el precio al consumidor.
Es cierto que en el caso de la avicultura el compromiso fue el valor del pollo a la salida de la planta frigorífica (no puesto en la góndola), pero, de todos modos, aumentos al público hacen temblar la estructura. Las empresas avícolas han cobrado cerca de $90 millones en concepto de compensaciones por el aumento del precio del maíz y la soja, sus dos principales insumos en la alimentación.
Son modelo en esta política de acuerdos para contener el proceso de inflación. Pero si se desbocan los precios al público, todo el andamiaje corre riesgo de desarticularse.
Considerando que todos los fundamentos del mercado indican que hay más posibilidades de que los precios de los commodities sigan altos antes de que bajen, la primera de las preguntas que formulábamos al principio parece responderse sola: no da la impresión de que este sistema de diferencia de cotas pueda sostenerse por mucho tiempo más.
Pero, ¿qué pasa con la forma en que se saldrá de ahí?
No aparece hasta el momento quien dé una idea acerca de esto.
Por lo pronto, el estamento político aparece concentrado en ver cómo se define el proceso eleccionario de octubre, sin dar demasiadas señales a las empresas.
Pero los líderes del agronegocio van a tener que aguzar su creatividad para proponer, aunque sea, alguna salida que resulte lo menos traumática posible, incluso independientemente de su implementación.
Javier Preciado Patiño / jpreciado@infocampo.com.ar
