La Cámara de Diputados se prepara hoy para tratar el proyecto de reforma de la ley de abastecimiento, una sesión que no sólo se anticipa como polémica y que tendrá fuertes discusiones, sino que podría extender hasta mañana al mediodía. Los legisladores también discutirán otros proyectos, como la creación de un observatorio de precios y de un fuero especial de defensa del consumidor, según publicó La Nación.
“Está pronosticada una sesión de 24 horas”, adelantó el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, minutos después del mediodía, cuando comenzó la sesión. El oficialismo descuenta que tendrá la mayoría de votos para aprobar la norma, aunque las negociaciones son a contrarreloj para mostrar robustez en el acompañamiento parlamentario.
El kirchnerismo se garantizó ampliamente el quórum. A las 12.04, 139 legisladores se sentaron en sus bancas; diez más que el quórum reglamentario. El Frente para la Victoria contó con el apoyo de sus aliados tradicionales, incluyendo a Martín Insaurralde -que en las últimas semanas estuvo en el centro de la polémica por su posible paso al Frente Renovador de Sergio Massa-, el Movimiento Popular Neuquino, además del moyanista Omar Plaini y del massista Alberto Roberti, según precisó el sitio Parlamentario.com.
La iniciativa de reforma a la ley de abastecimiento es criticada con vehemencia por la oposición y distintas cámaras empresariales, que acusan al Gobierno de promover una mayor injerencia del Estado en la economía.
Con media sanción del Senado y con dictamen favorable en comisiones de Diputados, el proyecto impulsa cambios a la norma sancionada en 1974 que habilita al Estado a intervenir en la formación de precios y en las cadenas de valor para evitar abusos de parte de empresas con posición dominante en el mercado.
Sin embargo, las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo acotan las facultades de intervención del Estado y eliminan las penas de prisión, previstas en la redacción actual de la ley, escasamente aplicada. Pero pusieron en pie de guerra a las grandes empresas, que creen que el Gobierno planea usar la ley más seguido como herramienta para fortalecer el programa Precios Cuidados y combatir la inflación. En este sentido, la norma habilita al Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.
