La legislatura de la provincia de Entre Ríos sancionó antes de fin del año pasado una modificación a la provincial de Conservación de Suelos, mediante la cual el Ejecutivo provincial empezaría a cobrar un gravamen del 3% a quienes cultiven granos en su territorio sin tener residencia legal allí.
Jose Basaldúa, presidente de de la Federación de Asociaciones Rurales (Farer), dijo hoy a Infocampo que la ley implica un importante agregado de costos, sumando más presión fiscal a la que ya tiene el sector. âDesde que se instrumentaron las retenciones a la producción, a nuestra provincia le sustrajeron $ 3000 millonesâ, remarcó el dirigente.
El proyecto original de la ley surgió en la administración del ex secretario de producción Daniel Welschen y había tenido media sanción en septiembre pasado. Si bien la legislación provincial no señala cuando comenzará a cobrarse el nuevo tributo, se estima que empezará a regir a partir de marzo próximo.
âNosotros haremos todo lo posible por evitar este impuesto. De hecho, ya hemos pedido una reunión con el nuevo secretario de la Producción, Héctor Motta, a quien le plantearemos nuestra queja al respectoâ, dijo Basaldúa.
Desde la administración de Motta dijeron que a partir de marzo próximo comenzará la inscripción al Registro Único de Propietarios y Productores Agrícolas, creado por la nueva norma, y que incluirá a todos aquellos que establezcan domicilio dentro de los límites provinciales. Los restantes empresarios deberán abonar el derecho, del 3%, antes del transporte de los granos fuera de la jurisdicción provincial, y lo recaudado irá a un fondo específico destinado a capacitación y a acciones que promuevan la conservación del suelo.
Según datos del gobierno provincial los pooles de siembra y fideicomisos con actividad agrícola en la provincia abarcan el 20% de los 1,7 millones de hectáreas cultivables.
Uno de los principales referentes de la defensa a este proyecto fue el senador oficialista Victorio Firpo, quien aseguro que âesta ley está especialmente dirigida a una gran franja de empresas que no pagan sus impuestos en Entre Ríos y no gastan insumos locales de alguna manera, a la hora de sacar la producciónâ.
En la misma línea, desde Federación Agraria Argentina, Alfredo Bel, delegado de la entidad en la provincia, dijo que conceptualmente están de acuerdo con el proyecto, aunque pidió que el gobierno instrumente de manera urgente los mecanismos para comenzar con el registro de productores y así se implemente una estructura para el cobro y el armado de un programa para conservación de suelos que llevarán adelante los pequeños productores de la provincia que estarán exentos de este impuesto.
Gustavo Malem
