La semana próxima, la jueza Laura Babaya, dictaría sentencia de desalojo a una familia de colonos de la localidad de Bigand, al sur de Santa Fe, que vienen luchando por permanecer en el lugar donde han vivido y trabajado desde hace cien años.
El conflicto tienen larga data. Se remonta a fines del siglo pasado, a los tiempos que siguieron al Grito de Alcorta, cuando el hijo propietario de las tierras, Víctor Bigand, cedió el uso de 3.000 hectáreas a veinticuatro familias para que se instalen y produzcan allí bajo la modalidad de aparcería.
En 2004, cuando falleció la última heredera de los Bigand, la producción de esos campos pasó a manos de la Fundación Honorio Bigand que se dedicaría a actividades de bien público tal como establecía su testamento. A partir de allí, los chacareros comenzaron a recibir presiones y denunciaron al albacea por intentar desalojarlos o imponerles condiciones contractuales imposibles de sostener. Finalmente, para poder seguir viviendo y trabajando en esos campos, la mayoría de los agricultores se vio obligada a suscribir contratos mucho más onerosos. Al día de hoy, solo cuatro familias se negaron y siguen en pie de lucha. Uno de los casos es el de Sandra Marinucci (ver video) a quien la semana próxima, de acuerdo a los plazos procesales, la Dra. Laura Babaya del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 de la ciudad de Casilda, le dictaría sentencia de desalojo.
“Esa Fundación no cumple con los requisitos que dice el testamento y para lo cual fue creada: ser solidaria y ayudar a quien lo necesita. En vez de ayudar está dejando sin trabajo a los pequeños productores. Vinieron por todo. No les importó si había gente o no”, contó Marinucci.
Y denunció: “Nos dijeron bien claro: los vamos a ahogar económicamente”.
“Federación Agraria Argentina (FAA) sigue acompañando la lucha de los chacareros, por eso le envió una carta a la Magistrada expresando la preocupación por la angustiante situación que ellos viven y solicitando la consideración de los mismos en los términos establecidos por la Ley de Agricultura Familiar -a la que la provincia adhirió- que dispone la suspensión de desalojo a los agricultores familiares”, reclamaron desde la entidad gremial que representa a pequeños y medianos productores agropecuarios.
Vale recordar que la provincia de Santa Fe adhirió a la Ley de Agricultura Familiar la cual, en su artículo 18, contempla la suspensión de desalojos a agricultores familiares, campesinos e indígenas. “Esto encuadra perfectamente con el conflicto de la familia Marinucci, un fallo histórico en favor de una familia campesina en Palma Sola, Jujuy, sentó precedente en este sentido”, indicaron desde FAA. Por eso, solicitaron que se incorporen al expediente las novedades legales con respecto a dicha ley, tanto a nivel nacional como provincial.
“Exigimos igual trato a nuestros representados ya que son Agricultores Familiares registrados en el RENAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar) y que quede sin efecto inmediatamente la intimación de desalojo que pesa sobre ellos”, expresaron en una carta dirigida a la jueza Babaya.
“Déjennos trabajar, eso es lo que pretendemos”, remarcó Marinucci.
Aquí, el video con el testimonio completo, publicado por FAA:
Por Mariela Vaquero – @kittyvaquero
mvaquero@infomedia.com.ar – vaqueromariela@hotmail.com
