Lejos quedaron los tiempos de pueblos pequeños con puertas sin llave y autos abiertos.
Del delito rural tradicional del abigeato y la faena clandestina, asistimos a una nueva especie con todas sus secuelas. Homicidios, secuestros, violaciones, tormentos, nada parece quedar fuera de este nomenclador siniestro.
Los predadores cambiaron el asfalto por nuevas presas indefensas en su aislamiento, y no vuelan solos. Con una infraestructura digna de mejores fines, la usurpación de campos, antes una rareza, aparece casi como una constante de la mano de profesionales, contratos apócrifos y complicidades diversas hasta de quienes se suponen que tienen como misión prevenir: la Policía.
Robo de ganado, cosechas, silos, maquinarias, hasta colmenas todo parece poco.
Como paradoja siniestra, de la mano del auge agropecuario, y en parte gracias a los desaciertos de nuestra historia reciente, el campo se instala como una nueva Meca delictiva. El dinero va de mano en mano y se guarda en “lugar seguro”, cualquiera menos un banco. Se observa a nivel nacional que el abordaje a la problemática en distintas zonas resulta cuanto menos errático.
Desconcierto e ineficacia se retroalimentan, y confundiendo “gestos con gestión” se profundizan modelos tradicionales hoy obsoletos (más patrullas, más nafta, más baqueanos todo soportado por el productor de una u otra manera).
Sin desconocer que “seguridad” es sinónimo de “solidaridad”, y la parte que le cabe al ciudadano como tal en su ayuda al Estado, el productor debe producir y el Estado proteger, sin intercambiar roles… Descartada la falta de voluntad, queda la pregunta si el reforzamiento del compromiso solidario debe quedar en meras reuniones declamatorias entre asociaciones agrarias y estatales o aportar soluciones concretas y palpables a quienes (producción y retenciones mediante) sirven hoy de pilar fundamental del Estado como tal.
Luis E. Vicat | Especial para Infocampo
Abogado, licenciado en Seguridad
y analista de riesgos
