Hace cuarenta años que las políticas aplicadas en la Argentina permiten a las curtiembres adquirir cueros bovinos a valores muy inferiores a los del resto del mundo. Son cuarenta años de transferencias de recursos desde la industria frigorífica hacia la industria curtidora, con la excusa de desarrollar una industria marroquinera argentina competitiva y de excelencia internacional. Pero ese objetivo nunca se logró. Y así como aquella señora de la canción de Ricardo Arjona, el sistema ha envejecido y ha cambiado, pero aún mantiene su vigencia. Sin embargo, a diferencia de aquella señora, la experiencia no ha servido para volverla más atractiva.
En general, cuando pensamos en el precio de la carne vacuna, solemos relacionarlo con los precios de la hacienda y los costos de la faena, pero pocas veces nos detenemos a pensar en el subproducto principal: el cuero. Generalmente invisibilizado, el precio del cuero es un componente importante del precio de la carne. En un negocio de “centavos por kilo”, donde la rentabilidad está ligada en gran medida al volumen de faena, el recupero (precio de los subproductos) cumple una función nada desdeñable en el precio final del producto: por ejemplo, un cuero representa algo así como seis kilos y medio de milanesas de nalga a precio real.
Durante los primeros veinte años, el mecanismo de protección y transferencia de recursos fue alternando entre la prohibición de exportar, los aranceles protegidos y los altos derechos de exportación, que han funcionado como una prohibición de hecho, al encarecer las exportaciones de cueros sin curtir, al punto de restarles toda rentabilidad. De manera aún más curiosa, desde el año 1992 hasta la fecha, esta transferencia de recursos opera mediante las sucesivas prórrogas de un régimen de derechos de exportación establecido por una decisión del ex – Ministro Domingo Felipe Cavallo. Este sistema, con sus más y sus menos, es el que se viene reeditando mediante sucesivos decretos basados en leyes de “emergencia” y mediante resoluciones ministeriales en un sistema de dudosa constitucionalidad, porque la imposición de tributos es resorte exclusivo del Congreso Nacional.
Con todo esto, además, no se ha logrado disminuir las quejas de marroquineros locales, quienes a pesar de la protección para que la industria curtidora compre cuero barato, deben comprar el cuero en Argentina a los valores internacionales y encuentran enormes dificultades para competir en el mercado exterior por falta de competitividad. Lo cierto es que desde hace casi cuarenta años, las diferentes administraciones nacionales han llevado adelante una política dirigida a que las curtiembres locales adquieran cueros vacunos a precios muy por debajo de los que podrían obtener los frigoríficos en el mercado internacional. Esta situación ha redundado en una transferencia sostenida de recursos del sector frigorífico al de las curtiembres, lo que se ha convertido en una especie de política pública que corre autónoma, al margen de los enormes cambios político-sociales y de las crisis económicas profundas sufridas por nuestro país, lo que hace sospechar acerca de su necesidad.
Quizás sea el momento de preguntarse si este modelo de beneficios, que viene permitiendo desde hace cuatro décadas la transferencia ininterrumpida de recursos, con pérdida de competitividad de las exportaciones y del ingreso de divisas que las mismas podrían generar, tiene razón de ser frente a tamaña crisis en el sector frigorífico. En este momento, con pérdida de 12.350 puestos de trabajo, 123 fábricas paradas y el resto de la industria trabajando al 50 por ciento de su capacidad, cabe preguntarse sobre la conveniencia económica de seguir beneficiando a las curtiembres contra la escasa rentabilidad de la actividad de faena y el consecuente aumento precio de la carne. Esta no parece ser la opción más lógica para ayudar –aunque sea en parte –a la recuperación del sector.
En innumerables oportunidades se le ha propuesto al Ejecutivo Nacional, diferentes maneras para incentivar a las curtiembres a pagar precios semejantes a los internacionales. Sólo durante el gobierno de Néstor Kirchner, con Roberto Lavagna como Ministro de Economía, se modificó parcialmente el sistema durante seis meses, momento en el cuál los precios de los cueros crecieron de manera sostenida hasta aproximarse a los internacionales. Luego, con Débora Giorgi como Ministra de Industria (recordemos que ella ha sido asesora de la Cámara de Curtidores) se retornó al sistema de protección de una industria cartelizada como la curtidora en detrimento de los productores ganaderos, la industria frigorífica, los marroquineros y los consumidores.
¿No será hora de que el Secretario de Comercio tome intervención en el tema? ¿No debiera corregir, aunque sea parcialmente, todo el daño generado a nuestra industria? ¿Podría liberar la exportación de al menos el 30 por ciento de los cueros producidos para que la industria pueda tomar precios internacionales y esto sirva de valor testigo para los precios internos?
Por Miguel Schiariti. Presidente de CICCRA
