Luego de la menor siembra de Trigo desde el siglo XIX, la presidenta presentó el lunes 7 de mayo un plan de “devolución de las retenciones” de trigo que ha despertado sospechas y suspicacias entre los que se suponía que debían entusiasmarse, a pocos días de comenzar la siembra del cultivo. Para un problema que nunca debería haber existido, se busca una mala solución que seguramente tendrá bajísimo impacto.
Como gran parte de los problemas de la economía argentina, la crisis del trigo argentino empezó a gestarse durante el final del gobierno de Néstor Kirchner. Cuando el decreto 1067/2005 dio autarquía a la ONCCA comenzó un proceso de intervención en los mercados que nos trae de torpeza en torpeza a la situación actual. En mayo de 2006 la ministra Felisa Miceli, actualmente condenada por encubrimiento agravado, presionaba a los exportadores para que se “autorregularan” bajo la amenaza, reiterada por Guillermo Moreno, de un inminente cierre de los embarques, similar al que estaba vigente para las carnes. Desde 2008, la aparición de los ROE y la arbitrariedad de su entrega por parte de Moreno, han destrozado el mercado de trigo, generado ganancias monstruosas a quienes el Secretario decidiera favorecer en cada momento y han sacado a la Argentina de los lugares relevantes del mercado mundial de este cereal.
El trigo es ejemplo de los peores resultados de política económica de la era Kirchnerista, sólo comparable con los fracasos en energía y carnes. Fue motivo de conflicto regional por considerarse que la harina argentina era fruto del dumping generado por las bajas de precios del trigo al productor y fue excluido del arancel externo común del Mercosur por dejar de ser Argentina un proveedor confiable. Se cayó la producción. Se destrozó el mercado interno. El pan subió mucho más que el trigo en la mesa de los argentinos.
No fue el mundo el que se nos cayó encima. Mientras en la primera década del siglo XXI la superficie sembrada de trigo en Argentina cayó un 30%, la producción un 11% y las exportaciones cayeron un 20%, Brasil subió su producción de Trigo un 75% y Uruguay y Paraguay la aumentaron más de un 450%. Además de perder volumen, hemos perdido diferenciales de precio que podíamos obtener como proveedores de Brasil. Desde otro punto de vista, el cultivo de trigo realiza un importante aporte al cuidado de los suelos en gran parte del área agrícola, por lo que la reducción de su superficie es una alarma amarilla a la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.
La propuesta del gobierno de “devolver las retenciones” pretendiendo que se recupere el área de trigo no es creíble para los productores. Ya ha habido otros planes en este sentido, todos fracasaron. Un plan para pequeños productores al que casi nadie accedió, arbitrarias listas de compra generadas en la Secretaría de Comercio que no impactaron en precio y un famoso Plan Trigo Plus que proponía bajas de retenciones que no se cumplió sin mediar ninguna explicación al respecto. El gobierno mintió varias veces con el trigo, ya nadie le cree.
La propuesta en sí misma, tiene además graves defectos. No existe formalmente una devolución, sino una forma de “subsidio” por la baja de precio al productor generado en el sistema de retenciones. Esta devolución, de concretarse, será en pesos equivalente a unos 6 a 8 u$s BNA por tonelada, un monto muy bajo frente a la perdida de precio interno que provocan cupos de la Secretaría de Comercio, que ha llegado por momentos a los 50 u$s por tonelada. Es claro para todos los operadores del sector agrícola que una Ley de 3 artículos que eliminara las restricciones y las retenciones a la exportación de trigo, tendría una respuesta casi automática de 3 o 4 millones más de hectáreas sembradas. Esta es la propuesta que sostenemos desde 2007.
Más allá de las dificultades operativas, imprevisibilidad y poca claridad en la implementación nos preocupan aspectos institucionales que son de extrema gravedad en esta propuesta. La Constitución Nacional es clara en su artículo 4º cuando prevé explícitamente que los derechos de exportación son fondos que deben asignarse al Tesoro Nacional. No es aceptable entonces que esta imposición sea depositada directamente por el exportador en un fideicomiso administrado por privados. Para hacer “este desvío” habría que modificar la Constitución Nacional y numerosas leyes dictadas al respecto, entre otros, el Código Aduanero, ley 22415 y sus reformas.
La imprevisión fiscal, la mala praxis económica, el desconocimiento de la realidad de los mercados y los planes equivocados son moneda corriente en la gestión de gobierno de estos últimos 10 años. Es grave. Lo que es más grave aún es que se “suspenda” la Constitución Nacional para implementarlos.
No debemos acostumbrarnos a debatir los posibles impactos de este tipo de propuestas. Debemos recuperar las normas de administración pública, el cumplimiento de la Ley y el respeto a la Constitución como únicos mecanismos aceptables de gestión del gobierno. El nuevo Plan Trigo es malo, su implementación será peor aún, pero que sea al margen de la Constitución es inadmisible.
Por Guillermo “Willy” Bernaudo. Secretario de Programas y Proyectos de Unión por la Libertad Entre Ríos. Coordinador del Equipo Agropecuario de Unión por Todos.
