Las inversiones que se van desarrollando para la producción de biodiesel representan una apuesta a largo plazo y sólo pueden llevarse a cabo a partir de las correctas decisiones de las empresas y del privilegio de las políticas públicas por las exportaciones de mayor valor agregado. Así lo afirmó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
“Sin dichas políticas, sería imposible participar de este mercado, el que está en formación y lógicamente presenta una fuerte lucha de intereses”, añadió.
“Esas políticas públicas positivas deben ser replicadas para la formación de una oferta en el mercado interno, más aún, considerando la creciente escasez de gasoil y el costo fiscal de su importación”, indicó Molina, para luego agregar que “hay que tomar muy en cuenta también que el crecimiento del consumo de naftas presiona achicando significativamente los saldos exportables”.
La Ley de Biocombustibles número 26.093 fue sancionada el 19 de abril de 2006 y promulgada de hecho el 12 de Mayo 2007. Luego fue reglamentada por Decreto 109/07 el pasado 9 de febrero de 2007 y recientemente modificada por Ley 26.334.
“La Ley 26.093 no está cumpliendo el rol que debe cumplir; estamos cerca de cumplir dos años desde la sanción y todavía brillan por ausencia las normas complementarias de la Autoridad de Aplicación, cuando a partir del 1 de enero de 2010 -como máximo- debe entrar en vigencia el corte obligatorio”, apuntó Molina.
“No ocupar espacios hoy, implica perder un posicionamiento muy importante, con efectos negativos a largo plazo”, señaló el especialista, y añadió que “será muy importante formar una oferta interna de biodiésel para hacer fluido el corte y achicar esa brecha; pero dicha oferta no está, salvo que se la genere con el creciente método de prepo”.
La ley de Biocombustibles establece que en el año 2010 será obligatorio incluir un 5% de biodiesel en el gasoil y un porcentaje similar de etanol en la nafta.
Con respecto a las inversiones Molina afirmó que están demoradas. âLas empresas no encuentran financiación para empezar las obras; las pymes son las más perjudicadasâ, concluyó.
