En el marco del “Plan de Mejoramiento de Calidad de Vida y Arraigo del Poblador Rural” el Gobierno de San Luis promulgó la Ley de Regularización de Inmuebles Rurales para todos aquellos pequeños productores que por distintas razones no hayan podido registrar su propiedad.
Esta ley expresa que el Estado provincial se hará cargo de los gastos que lleve el logro de la inscripción del campo, entre los que se destacan honorarios de agrimensores, abogados y escribanos, con cuyos colegios de profesionales ya se han firmado distintos convenios.
Estos beneficios alcanzarán a aquellos predios ubicados en zonas productivas que no superen las 150 hectáreas y en zonas no productivas hasta las 300 hectáreas. Estos serán otorgados por el gobierno provincial a través del Ministerio del Campo de San Luis a todos aquellos pequeños productores o familias rurales que no poseen los medios suficientes para llevar adelante una sucesión, posesión veinteñal o una escrituración.
“Con esta ley se logrará mayor inclusión social para el productor rural, que al ser dueño legal de sus tierras podrá acceder a las distintas líneas de financiamiento”, enfatizó el Ministro del Campo de la Provincia de San Luis, méd. vet. Sebastián Lavandeira Muñoz.
“Esta acción oficial, es un complemento de las políticas de arraigo del poblador rural que viene implementando el Ministerio del Campo, como las 46 viviendas entregadas en el marco del Plan Piloto de Sustitución de Vivienda Rancho y las casi 2 mil pantallas solares entregadas para las zonas grises de la provincia”, concluyó Lavandeira Muñoz.
La denominada Ley de Regularización de Inmuebles Rurales en la Provincia de San Luis V-777-2011, que fue promulgada por el decreto 4189 del 4 de noviembre de 2011, rige para todo el territorio provincial. Según datos de la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble de San Luis hay aproximadamente unos trece mil predios que no cumplen con las condiciones exigidas por las distintas leyes específicas provinciales.
Para acceder a los beneficios de esta ley las personas deben acreditar la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida, del inmueble durante el plazo de doce a veinte años, de acuerdo a lo establecido para cada caso en el Código Civil de San Luis.
