Convocados por el Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, un grupo de ciudadanos y organizaciones de Entre Ríos decidieron organizarse “para luchar por la inmediata derogación de la ley provincial 10.092 que dispone la entrega de las tierras fiscales y los puertos del Estado provincial a una Sociedad Anónima por el término de 99 años”.
El proyecto del gobierno entrerriano, según un comunicado, es “altamente perjudicial para los intereses de la sociedad entrerriana” y “abre peligrosamente el camino para una mega depredación de los humedales del Delta”.
Entre las organizaciones firmantes del comunicado se encuentran AGMER Paraná, M’Biguá, Junta Americana de los Pueblos Libres, Proyecto Tierra, Ecoclubes, Fundación Salud, Asociación Amigos del Parque Berduc, Añangarecó, Federación Agraria Argentina, Central de Trabajadores Argentinos, Juventud Movimiento Proyecto Sur, Partido Socialista Frente Amplio Progresista, GEN, Jóvenes de la Coalición Cívica, Partido del Trabajo y el Pueblo (PCR) y Partido Socialista Auténtico, entre otros.
“Criticamos la sospechosa premura en aprobar la ley (provincial 10.092) en el recinto sin un estudio y ni siquiera el conocimiento previo de su texto, con la sola excusa de haberla reclamado el gobernador Sergio Uribarri como una herramienta necesaria para su gestión de gobierno, cuando lo que está en juego”, expresa el comunicado.
“Podemos señalar que es una enormidad sin precedentes en la historia de la provincia la entrega al capital privado concentrado del control y manejo de dos fuentes de riqueza y desarrollo como son las tierras fiscales y los puertos. Y esto con la creación de una sociedad comercial con participación minoritaria del estado provincial, renunciando al control en la toma de decisiones”, añade.
“También llama la atención que no bastando con esta generosa oferta, el estado se haría cargo de gastos necesarios para la ejecución del proyecto de transformación de las tierras fiscales. Para ello se lo autoriza a endeudarse por la suma de $ 50.000.000, con garantía de los fondos de la coparticipación federal”, indica el texto.
“Se deroga una Ley de arrendamiento de Islas Fiscales que permitía arrendar las islas, por tres años, para ganadería apicultura y turismo, y prohibía la explotación agrícola intensiva con uso de agroquímicos y plaguicidas. De esta manera un área de 200.000 Has de tierras fiscales es ahora zona liberada para la práctica agrícola más agresiva y contaminante”, apunta el comunicado.
