La presidente Cristina Kirchner dio finalmente el visto bueno para mantener vigente el blanqueo de capitales, a pesar de sus magros resultados. La exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera había sido lanzada en mayo de 2013 y apuntaba a obtener originalmente unos u$s4.000 millones, pero no llegó a recaudar más de u$s700 millones, es decir, apenas el 18% de las aspiraciones planteadas. En el esquema instrumentado en 2009, se habían captado, en cambio, 4700 millones de dólares.
Hasta el viernes pasado, según fuentes oficiales, el monto cosechado ascendía a 731 millones de dólares, de los cuales 655 millones correspondían a los Certificados de Depósito para Inversión (Cedines) mientras que los restante 75 millones fueron aportados por suscripciones al Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade).
Las cifras demuestran que el primer instrumento, dedicado al mercado inmobiliario, resultó ser más atractivo que los Baade, creados para fomentar inversiones en materia energética. De todas formas, en ambos casos, no sirvieron para lograr los objetivos con los cuales fueron lanzados.
El Cedin no pudo reactivar las operaciones de compra y venta de inmuebles, que siguen paralizadas desde la imposición del cepo cambiario, en noviembre de 2011. En el caso del Baade, no se cumplieron las promesas de las empresas de adherir a este instrumento para inversiones petroleras. En Economía especulan con que, luego de haber cerrado el acuerdo con Repsol, esta actitud podría cambiar, publicó el diario La Nación.
Analistas consultados por el matutino evaluaron que el blanqueo no sirvió por la incertidumbre política y económica, pero también por el desacierto en los instrumentos elegidos.
El plazo de la segunda prórroga del régimen venció ayer y el Gobierno decidió anunciar a través de la publicación hoy en el Boletín Oficial del decreto 440 la decisión de extender por otros 90 días el sistema por el cual se intenta impulsar la entrada de divisas no declaradas a fin de destinarlas a proyectos que motoricen el mercado interno, tras la sangría de dólares que sufre el Banco Central por la fuga de esa moneda vía turismo, compras al exterior, importaciones y a causa de la falta de confianza de los inversores y de los ahorristas.
El Ejecutivo lanzó el blanqueo de dólares en julio de 2013 y el Congreso aprobó su vigencia por tres meses, hasta el 30 de septiembre de ese año. Posteriormente, el Ministerio de Economía dispuso de dos prórrogas, la primera hasta el 31 de diciembre último y la segunda la que venció ayer.
La última prórroga nunca fue anunciada y el gobierno simplemente extendió la puesta en marcha del mecanismo a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. La misma actitud adoptó ahora, al mantener por otros tres meses la iniciativa, mediante su comunicación vía un decreto, que lleva las firmas de la Presidente; del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y del titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof.
“Por razones operativas y con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley Nº 26.860 hacen necesario disponer una nueva prórroga por un plazo de tres meses calendario”, fundamentó el Gobierno en la normativa.
Allí, recordó que el blanqueo “permite emplear recursos líquidos ociosos para financiar inversiones productivas y sociales que apuntalen el proceso de crecimiento, profundicen la reindustrialización iniciada en 2003 y permitan la inclusión de vastos sectores de la sociedad”.
El secretario general del bloque de diputados de la UCR, Miguel Giubergia, presentó ayer un proyecto de resolución para que se informe sobre los resultados del programa que el Gobierno nunca oficializó. Tanto funcionarios de Economía, como de la AFIP, siempre dieron cifras aproximadas pero nunca oficializaron un número sobre los resultados del programa, especialmente los datos referidos a las adhesiones a los Baade.
La prórroga de diciembre incluso provocó un enfrentamiento entre el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien se opuso a la medida; y el ministro de Economía, Axel Kicillof, partidario de la prórroga, junto al entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, uno de los funcionarios que impulsó el lanzamiento original.
