En la fase final del juicio político que empezó este jueves, la presidente Dilma Rousseff responderá por cuatro supuestos “delitos de responsabilidad” que pueden llevar a su destitución, según se establece en la Constitución brasileña, según publica Infobae.
En ninguno de los casos, los cargos formulados contra Rousseff configuran delitos de tipo penal, pero sí de carácter administrativo y están tipificados en leyes que regulan el uso del dinero público.
La mandataria, suspendida de sus funciones desde que se instauró el proceso, el pasado 12 de mayo, ha sido acusada de emitir tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno.
Ambas operaciones están tipificadas como “infracciones” en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en vigor desde el 2000, que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los presupuestos y en esos casos establece como pena la destitución y la pérdida de los derechos políticos por un lapso de ocho años.
En relación a los decretos, la acusación sostiene que ampliaron el límite de gastos autorizado previamente por el Congreso para el año 2015 en 1.750 millones de reales (unos 530 millones de dólares), lo cual aumentó el déficit público en un 1,5 %.
La defensa alega que esos decretos no precisaban de autorización parlamentaria, ya que se referían a ingresos no contemplados en el cálculo del presupuesto y que habían sido reservados por el Estado.
