La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) sumó este martes su preocupación ante el eventual tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de ley que propone incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal.
Se sumó así a las alertas que encendieron en los últimos días, por el mismo motivo, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).
Desde Fearca, en un comunicado, recordaron que el sector agropecuario acompaña la protección del ambiente; por eso, consideraron que la respuesta legislativa debe contemplar la realidad de las actividades productivas y establecer reglas claras, precisas y técnicamente verificables.
En ese sentido, “la principal preocupación de Fearca está vinculada con el alcance que podría tener una figura penal constituida sobre conceptos amplios y cuya interpretación podría quedar sujeta a diferentes criterios judiciales”, ampliaron.
ECOCIDIO: EL RIESGO DE CRIMINALIZAR LA PRODUCCIÓN
Para la Federación, el problema aparece cuando una actividad que se encuentra legalmente autorizada y sometida a controles y regulaciones específicas puede quedar expuesta a una eventual imputación penal como consecuencia de una interpretación posterior sobre el impacto ambiental de una determinada práctica.
“Producir dentro de la ley no puede convertirse en un delito. Cuidamos el ambiente y mejoramos permanentemente nuestras prácticas, pero necesitamos normas que establezcan con precisión qué conducta constituye un delito y bajo qué parámetros técnicos debe determinarse”, sostuvo el presidente de Fearca, Diego Martínez.
La entidad considera que una legislación de esta naturaleza debe diferenciar claramente entre una conducta deliberadamente dañina y una actividad productiva regulada que se desarrolla dentro de las normas vigentes.
Por ejemplo, desde Fearca remarcaron que la actividad agroaérea se desarrolla bajo un amplio marco de controles y regulaciones específicas.
“Las empresas y profesionales que prestan servicios de aplicación agrícola deben cumplir con requisitos técnicos, ambientales, operativos y de seguridad, además de las regulaciones nacionales, provinciales y municipales que correspondan”, repasaron.
Y continuaron: “Estas normas vigentes no son meramente declarativas: establecen obligaciones concretas y contemplan sus propios mecanismos de fiscalización y sanción ante eventuales incumplimientos”.
ECOCIDIO: EVITAR SUPERPOSICIÓN DE SANCIONES
En ese punto es que Fearca advierte que una nueva figura penal debe contemplar cuidadosamente este entramado regulatorio y evitar la superposición de sanciones sobre una misma conducta.
“No podemos tener un sistema en el que una actividad esté habilitada por la autoridad competente, cumpla con una normativa específica que ya establece sus propias sanciones y, al mismo tiempo, quede expuesta a una nueva sanción penal por la misma conducta. Eso generaría una superposición de regímenes sancionatorios y una enorme incertidumbre para quienes trabajan dentro de la ley”, graficó Martínez.
Por ello, a Federación considera que cualquier modificación del régimen penal ambiental debe establecer con precisión, proporcionalidad y claridad cuándo una conducta constituye un delito y cómo se articula esa eventual responsabilidad con las sanciones administrativas que ya contemplan las normas que regulan la propia actividad.
“Pone en riesgo la seguridad jurídica”: CRA alertó por el proyecto de ley que pena el “ecocidio”
Además, para Fearca hay que tener en cuenta que la discusión excede a las empresas de servicios agroaéreos, porque una eventual ampliación de la responsabilidad penal ambiental podría alcanzar, a productores, contratistas, ingenieros agrónomos, empresas de servicios, establecimientos agropecuarios y otros actores que intervienen en las distintas etapas de la producción.
“Por eso, cualquier norma penal debe establecer criterios objetivos que permitan determinar cuándo una conducta productiva configura efectivamente un delito, evitando que esa definición quede librada a interpretaciones posteriores”, insistió.
ECOCIDIO: AMBIENTE Y PRODUCCIÓN NO SON CAMINOS OPUESTOS
La clave, para Fearca, es comprender que “proteger el ambiente y producir alimentos no son objetivos contrapuestos” y que la actividad agropecuaria incorpora de manera permanente nuevas tecnologías y prácticas orientadas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir impactos ambientales.
En el caso de la actividad agroaérea, la incorporación de herramientas de precisión, tecnologías de aplicación y sistemas de monitoreo permite avanzar hacia intervenciones cada vez más eficientes y ajustadas a las necesidades de cada lote.
“El camino no es enfrentar al ambiente con la producción. El desafío es generar mejores prácticas, más capacitación, más tecnología y controles eficientes, pero dentro de un marco jurídico que brinde previsibilidad”, enfatizó el titular de Fearca.
En este marco, insistió en que la seguridad jurídica también es una condición para invertir y que, por ello, la incertidumbre normativa puede tener consecuencias sobre las decisiones de inversión y sobre el desarrollo de las economías regionales.
“La producción agropecuaria requiere inversiones permanentes en maquinaria, tecnología, infraestructura y capacitación. Para que esas inversiones puedan sostenerse, los actores necesitan conocer con claridad qué está permitido, qué está prohibido y cuáles son las consecuencias jurídicas de sus decisiones”, comentó.
Y opinó que “una legislación ambiental eficaz debe ser capaz de sancionar los daños graves y deliberados sin generar un escenario en el que actividades productivas desarrolladas bajo las normas vigentes queden sometidas a un riesgo penal difícil de prever”.
ECOCIDIO: UNA DISCUSIÓN TÉCNICA Y AMPLIA
Así, ante el debate parlamentario en ciernes, Fearca solicitó que el proyecto sea analizado con la participación de las entidades productivas, profesionales, científicas y técnicas vinculadas con el sector, porque “la discusión sobre los delitos ambientales es necesaria, pero cualquier nueva figura penal debe cumplir con los principios de precisión, proporcionalidad y seguridad jurídica”.
“Queremos ser parte de la discusión. El sector agropecuario no rechaza la protección ambiental; por el contrario, somos los primeros que desarrollamos acciones concretas para el cuidado del suelo, el agua y los recursos naturales de los que depende nuestra propia actividad. Lo que pedimos es una legislación seria, técnicamente fundada y que no convierta en delito aquello que el propio Estado autoriza y regula”, concluyó Martínez.
En tanto, Fearca finalizó el comunicado reafirmando su compromiso con una producción agropecuaria sustentable, eficiente y responsable, y destacó que el desarrollo de nuevas tecnologías debe estar acompañado por políticas públicas que incentiven las buenas prácticas.
“La protección ambiental debe ser compatible con la producción, el empleo, las inversiones y la generación de divisas, y ese equilibrio requiere normas claras que permitan avanzar hacia una agricultura cada vez más eficiente sin poner bajo sospecha a quienes trabajan dentro del marco legal vigente”, cerró.
