La semana pasada el gobierno argentino se comprometió a liberar “muchas” de las licencias de importación no automáticas vigentes para productos uruguayos. Sin embargo la situación no mejoró. En el caso del rubro vestimenta, de 150 licencias pendientes se liberaron solo 49, pero estas aún no ingresaron a ese país ya que tuvieron que pasar por el proceso de otra traba: las declaraciones juradas.
Desde el 1 de febrero Argentina sumó una nueva barrera no arancelaria a las importaciones exigiendo una declaración jurada a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pero en la que puede llegar a intervenir la Secretaría de Comercio Interior si tiene observaciones. Hasta ahora, no había productos uruguayos afectados por la medida pero “o curiosidad”, las licencias destrabadas de la vestimenta, “salieron todas observadas” con lo que “fueron a (que sean analizadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo) Moreno” dijo a El País el presidente de la Cámara de la Vestimenta, Elbio Fuscaldo.
Si la declaración jurada no es observada, la AFIP la libera a las 72 horas de presentada. Pero si es observada pasa a manos de Moreno que tiene diez días hábiles para estudiarla, explicó Fuscaldo. En algunos casos “no pasaron los diez días hábiles” así que “estamos pacientemente esperando”, agregó.
Lo cierto es que “todavía no se pudo despachar ninguna” de las licencias trancadas previo a las gestiones del gobierno uruguayo con su par argentino, indicó el presidente de la gremial.
“¿Qué ha cambiado en las últimas semanas de lo que veníamos hablando el año pasado de Argentina?” se preguntó el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi al tiempo que respondió: “nada”.
“Si ha cambiado algo, ha sido para poner alguna traba más”, dijo Burghi a el diario uruguayo El País. “Las licencias se liberan pero las declaraciones juradas no, en definitiva la exportación sigue trancada”, agregó.
Un industrial que pidió no ser identificado afirmó que “si la disciplina de atletismo es 400 metros con vallas, Argentina inventó los 500 metros con vallas” en referencia a las barreras no arancelarias que aplica el gobierno de Cristina Fernández para proteger a sus industrias. Ninguna de las medidas tiene como destino Uruguay (que representa una mínima parte de las importaciones argentinas) pero lo terminan afectando.
Un importador argentino tiene que cumplir con varios aspectos antes de poder comprar en el exterior. Uno es el llamado “1 a 1” que exige que por cada dólar que importe debe exportar la misma cantidad. Otras son las licencias, que se aplican a algunos productos como automáticas, no automáticas. Estas últimas salen en “fecha incierta e imprecisa”, dijo Fuscaldo. Además, ahora se debe presentar una declaración jurada.
Ante estas dificultades, el gobierno uruguayo apelará a la Comisión bilateral de monitoreo con Argentina para destrabar la situación y también negociará con Brasil por temas de norma de origen que afectan exportaciones uruguayas (ver aparte).
Es que el gobierno de Dilma Rousseff decidió el martes aplicar por primera vez contra productos elaborados por dos socios del Mercosur (Uruguay y Paraguay) un derecho anti-dumping. En este caso es para frazadas de fibra sintética de pelo largo con tejidos chinos a las que se carga con US$ 5,22 por kilo.
Al respecto, Burghi dijo que lo de Brasil “es un hecho puntual” que “no tiene ni punto de comparación con Argentina”. Y añadió: “Es una controversia legal que tiene que seguir el camino jurídico, en Argentina no podemos hablar de camino jurídico porque no reconoce la jurisprudencia ni lo que ha firmado”.
