La alternativa al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que el gobierno tiene casi aprobada, implicará que quienes paguen sean los mismos 1.200 productores que estaban comprendidos en ese tributo o en su defecto quienes administran esos campos, según publicó El Cronista.
El gobierno tiene definido que los recursos para la reparación de la caminería rural saldrán del Impuesto al Patrimonio, aunque no está claro cómo se hará para acotarlo a esos propietarios.
El ICIR fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y ahora el Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de recaudar ese dinero (u$s 60 millones) para volcar a las intendencias y además afectar la concentración de la tierra.
El gabinete productivo que sesionó ayer en la Torre Ejecutiva acordó volver a implementar el cobro del Impuesto al Patrimonio sobre los inmuebles rurales. El sector fue exonerado de pagar el tributo en 2002.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que los detalles finos todavía no están acordados, pero sí está definido que la alternativa será mediante el Impuesto al Patrimonio.Hay acuerdo en el Gobierno en buscar un mecanismo que ayude a reducir la concentración de la tierra, dijo.
