Si bien la superficie sembrada con soja en la Argentina supera las 16 millones de hectáreas, a los efectos de planificar un negocio de semillas hay que considerar como si fueran cuatro.
Es que sólo una de cada cuatro hectáreas se siembra en nuestro país con semilla adquirida en el circuito comercial. El resto corresponde al legítimo uso propio consagrado en la ley 20.247 y a semilla adquirida en el circuito informal, comúnmente denominada bolsa blanca.
El año pasado, el entonces secretario Miguel Campos dio un primer paso al acotar la definición de uso propio, para evitar los abusos en la interpretación de una excepción a los derechos del obtentor de las variedades, el uso propio.
Sin embargo, lo que incorrectamente se denominó “reglamentación” de esta definición nunca tuvo lugar.
Es que las llamadas regalías extendidas dividieron las aguas entre los productores, las autoridades del Inase y los semilleros.
Pero cuando la discusión parecía estancarse se generó consenso para lanzar este registro. En él deberán inscribirse los productores que anualmente comercialicen más de 2.000 toneladas de trigo o de soja. Para ello deberán proveer documentación sobre el origen de la semilla que utilizaron para producir.
Lo significativo de la norma es que por primera vez se asume, tácitamente, que el grueso del problema de la bolsa blanca no está en el pequeño productor sino en el mediano a grande, entendiendo además que la palabra productor en verdad involucra a las organizaciones empresariales, formales (sociedades anónimas, SRL) o informales (asociaciones de siembra).
En verdad, el grueso de la producción de granos está en manos de unos pocos miles de personas, físicas o jurídicas, como oportunamente identificó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
De hecho, la campaña de cartas realizada por el Inase tiempo atrás, focalizada en esos miles de productores (fueron 15.000 cartas), bastó para que aumentara la venta de semilla fiscalizada, según en su momento informó el mismo Inase.
Asumiendo un rinde de 2.700 kg/ha (promedio nacional), las 2.000 toneladas anuales de soja equivalen a unas 750 hectáreas, lo que da una idea sobre el tipo de agroempresa a la que están apuntando el Inase y los semilleros para ponerle coto al problema de la bolsa blanca.
Javier Preciado Patiño
