Este jueves, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, junto al ministro de Planificación y Ambiente del Chaco, Raúl Codutti, anunciaron la promulgación de la ley de Biocidas Nº 7032/12, con el objetivo de regular el uso de agroquímicos en el territorio provincial en el marco del “desarrollo sustentable”.
La norma establece distancias de resguardo ambiental con respecto de los centros poblados por lo que no se podrá fumigar con agrotóxicos en forma aérea a menos de 1500 metros y en forma terrestre a menos de 500 metros, aunque también permite flexibilizar esas prohibiciones.
De esta forma, el gobierno dio la espalda a las organizaciones sociales, ambientalistas, políticas y vecinos de pueblos fumigados de la provincia que habían solicitado el veto parcial de la norma aprobada hace menos de un mes por la Cámara de Diputados del Chaco. Según publica el diario Día por Día, a los portavoces de los reclamos el gobernador los calificó de mantener “posiciones irreductibles”.
En una conferencia de prensa, Capitanich sostuvo que “el artículo 26 de la ley 7032 establece claramente distancias de 1500 a 500 metros, el artículo 27 una potestad para el poder Ejecutivo de reducir las distancias y a su vez el artículo 28 para ampliar las distancias”.
En ese sentido, consideró que la sanción de la ley de Biocidas “es un avance cualitativo desde el punto de vista de marco regulatorio para la aplicación de Biocidas y a su vez expresa taxativamente en el artículo 19 la prohibición de productos de alta toxicidad, de banda roja”.
Asimismo, el mandatario chaqueño aseguró que “vamos a generar las condiciones para la reglamentación de esta normativa, de la ley 7032, con la participación de todos los actores y pretendemos convocar a todas las entidades representativas y defensoras del medio ambiente”.
“Queremos generar los mecanismos de consenso necesario pero también de equilibrio porque las posiciones irreductibles y extremas son prohibir toda aplicación de biocidas o permitir toda la aplicación de biocidas. Entonces, nosotros entendemos que el rol del Estado es compatibilizar precisamente la sustentabilidad ambiental con la productiva, con el objeto de establecer restricciones que sean compatibles con una aplicación efectiva de este marco regulatorio”, finalizó Capitanich.
