Con los actuales precios de la soja la agricultura en campos alquilados ingresó en una zona de alto riesgo en el cual la posibilidad de obtener una pérdida se incrementó de manera significativa (recordar que al menos la mitad del área agrícola argentina se encuentra bajo arrendamiento).
El precio del contrato de soja Mayo 2009 del Matba cerró ayer en 216,5 u$s/tonelada. Si bien se espera (rogándole a cielo) que estos precios ‘producto de una sobreventa masiva’ se recuperen en las próximas semanas, lo cierto es que nadie puede asegurar que eso vaya a ocurrir en el actual escenario de hiperturbulencia financiera.
En la zona Sur de Santa Fe ‘una de las más productivas de la Argentina’ con un precio bruto final de 216,5 u$s/tonelada y un alquiler estándar de 500 u$s/ha, se necesitaría un rinde de 4450 kg/ha para cubrir los costos de producción de una soja básica de 260 u$s/ha con un gasto de administración de 25 u$s/ha y un costo de cosecha del 8%.
En caso de obtener un rinde de 4600 kg/ha, ese planteo generaría una rentabilidad antes de impuestos del orden de 25 u$s/ha con la que habría que pagar servicios varios, impuestos provinciales, tasas municipales, el colegio de los chicos y demás (y si sobra algo financiar la próxima campaña, porque parece ‘según dicen’ que va a haber poco financiamiento durante algún tiempo).
Pero si el rinde de ese modelo es de 4000 kg/ha, entonces dicho planteo en la zona Sur de Santa Fe generaría una rentabilidad negativa del orden de 80 u$s/ha. Aquí ya la cosa se pone seria.
Más allá de cuál sea el caso, el único jugador de este negocio que tiene la ‘vaca atada’ es el gobierno nacional, ya que ‘pase lo que pase’ cobrará más o menos retenciones, pero las cobrará, mientras que los ingresos de los demás participantes ingresaron en una zona de duda.
Y el rubro ‘demás participantes’ no se acaba ni con el productor ni con el propietario del campo, sino que abarca a una extensa lista: industrializadotes y comercializadores de agroinsumos; contratistas; transportistas; asesores agronómicos y comerciales; corredores; productores de seguros agrícolas; fábricas y concesionarias de maquinaria agrícola y camionetas, etcétera.
En el actual escenario, además, los gobiernos provinciales y municipales podrían experimentar una merma de ingresos más severa que la registrada en el presente año, lo que los obligará a tomar medidas obligatorias de ajuste o bien deberán recurrir a la buena voluntad del gobierno nacional (por decirlo de alguna manera) para que éste redistribuya los ingresos ‘exportados’ desde sus propias jurisdicciones hacia la Capital Federal.
