“Con la resolución 140/2016, del Ministerio de Agroindustria, en referencia a la falta de validación de los análisis impuestos por Monsanto sobre toda la comercialización de soja, comenzaría una nueva etapa de trabajo en conjunto entre los usuarios, la industria semillera y el Estado en pos de un marco regulatorio que permita la normalización del uso, el comercio y la fiscalización de semillas”, informó Confederaciones Rurales Argentinas.
La entidad además remarcó que “Monsanto ingresó a la Argentina la semilla de Soja INTACTA RR2 PRO conociendo el marco normativo vigente, la ley de Semillas 20.247 y la adhesión al convenio UPOV78 que contempla el derecho al uso propio de semilla para el productor, así como la ley de Patentes y las directrices de patentamiento (ver resolución 283/2015). A pesar de este conocimiento, Monsanto intentó e intenta buscar protección paralela a la ley argentina, a través de la creación de un propio sistema y la aplicación de la Ley de Patentes, que con claridad imposibilita patentar las semillas así como tampoco le otorga derechos sobre el poroto de soja y su comercialización”.
“El productor agropecuario debe saber que el Sistema Monsanto a través del Bolsatech (Bolsas de Cereales) y la cláusula de Biotecnología (Exportadores) lleva de facto a renunciar al sistema UPOV78 e instaurar UPOV91 eliminando el Uso Propio de Semilla vigente y obligando al pago de regalías, sin resolver el problema de la “bolsa blanca”, contrariando a lo adherido por Argentina. Claramente, este sistema no permite el desarrollo de procesos de innovación”, indicó CRA.
Y finalizó: “Esta nueva oportunidad debe sentar las bases para que los productores, la industria semillera y el Estado Nacional, a partir de la legislación vigente, diseñen un marco legal y de fiscalización moderno que permita incrementar de forma sustentable un mercado competitivo y transparente de semillas, la investigación, el desarrollo, la inversión y el empleo”.
