Mientras que en la provincia de Buenos Aires los productores están con el grito en el cielo por el aumento del impuesto inmobiliario rural, en algunas zonas de hasta un 120%, en Santa Fe la cuestión es muy distinta ya que no representa una presión fiscal que hoy moleste o complique a la hora de producir.
Enrique Gardiol, delegado zonal de la Sociedad Rural por San Carlos Centro explicó a Infocampo: “Estamos pagando alrededor de $ 6 por ha. Es un impuesto más que paga el campo y para nada es un centro de conflicto”.
Desde 1993 no hay modificaciones en el impuesto en la provincia y según Luis Córdoba, jefe del Inmobiliario Rural de la Administración Provincial de Impuestos, “por el momento nadie del Gobierno está pensando en subirlo”.
En contraposición, en Buenos Aires la historia es otra; parece mentira que con rindes similares, inclemencias climáticas parecidas, pero con gobiernos distintos, la situación cambie tanto. “El 25% de rebaja por el buen cumplimiento para el contribuyente es una gran mentira, ya que este porcentaje del año pasado bajó al 10% y de esa manera fue una suba encubierta”, explicó Javier Jayo Ordoqui, presidente de la Confederación de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
La novela del inmobiliario rural se remonta a fines de diciembre del año pasado, cuando la Cámara de Dipuatados le dio el visto bueno al proyecto que todas las entidades gremiales agropecuarias habían rechazado de plano.
En ese momento, el gobernador Felipe Solá dijo que los ruralistas no aportaban lo necesario a la provincia y destacó que dentro de la cantidad de tributos que paga el sector, lo que se abonaba hasta el momento era “mínimo, menos de 10%, y eso queda en gran medida a las intendencias”, precisó el gobernador e insistió en que “las entidades del agro admitieron que el inmobiliario rural prácticamente no existía”, dichos que por supuesto las entidades rechazaron como propios.
En este contexto, Solá agregó que algunos intendentes, que se manifestaron en contra del incremento, “estaban haciendo demagogia”, y que les tenían “miedo a las presiones de las sociedades rurales locales”, de que salgan a decir macanas. En la misma línea contestaria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires agregó: “Si ligáramos el impuesto con el valor real del campo debería estar mucho más arriba. Nosotros lo ligamos a la rentabilidad de la zona; no sube nada en las zonas más castigadas. En el sudoeste es algo muy barato, un 40 %”.
A partir de allí, la batalla comenzó y la historia continúa con un posible final más que preocupante para el bolsillo de los productores.
¡Repartiendo, repartiendo, repartiendo!
¿Cómo se divide la torta?
De lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural, un 65% queda para el Gobierno provincial y el 35% restante en el Municipio recaudador. Este porcentaje se destina: un 12 % para el mantenimiento de caminos, 20% a rentas generales y 3% a planes sociales.
Este desglosamiento comenzó a regir con las nuevas modificaciones, pero antes era: 50% para el Gobierno y 50% para el municipio. De esa ultima porción del dinero de los contribuyentes, un 25% era para el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales. Los números no dejan mentir. Salta a siemple vista que con todas las modificaciones al impuesto no quedó una buena para el productor agropecuari. Por su parte, Jayo Ordoqui lo confirma: “Nosotros queremos fiscalizar qué es lo que hacen los municipios con el porcentaje que corresponde a obras viales. Tendría que haber comisiones para evaluar el desempeño y el gasto de estos fondos que salió del bolsillo y trabajo del productor agropecuario”.
Desde Carbap siguen pidiendo, entre otras cuestiones, la revisión de este tema: “Hay muchos municipios que lo utilizan como deben y otros que no sabemos”, sentencio Jayo Ordoqui.
Yanina Otero
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