En su batalla contra los empresarios para controlar la inflación, la presidenta Cristina Kirchner enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley para regular los monopolios, los oligopolios e intervenir en las cadenas de valor, fijar un “precio justo”, y así defender el derecho de los usuarios y consumidores contra lo que considera que son abusos en la suba de los precios.
La mandataria insinuó ayer esa decisión ante el Poder Legislativo. Pero no la pudo anunciar en detalle porque el texto aún se analiza dentro del gabinete para evitar impugnaciones en la Justicia.
Según pudo saber LA NACION de altas fuentes oficiales, Cristina tiene en la mira a las grandes cadenas de supermercados Coto y Carrefour, a las que acusa de incumplir con el programa Precios Cuidados.
“Todavía no hay nada concreto y sería irresponsable afirmar algo, se están evaluando múltiples proyectos”, confió a LA NACION un ministro involucrado en esa iniciativa. “Es por ello que la Presidenta no lo anunció en firme”, aseguró.
En estos días, los borradores de los proyectos circulan entre los despachos del jefe del Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini.
Sin embargo, otro ministro reveló que la intención política de la Presidenta es darle operatividad al artículo 42 de la Constitución, que contempla la defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Se estipularía así el principio del “precio justo” y se intervendría en las cadenas de valor con una serie de medidas punitivas.
El objetivo será regular y controlar abusos de los monopolios, oligopolios y sectores concentrados, endurecer las multas y acelerar la resolución judicial de esas penas.
Otro ministro planteó reparos a esta iniciativa. “Esto es muy complicado porque entraría en colisión con el principio de propiedad privada y de libertad de comercio, y podría ser impugnado en la Justicia por inconstitucional”, aseguró. Esa nueva ley implicaría una reglamentación del artículo 42 de la Constitución.
Cerca de Cristina confiaron a LA NACION que “se analizan múltiples alternativas y se barajan los alcances judiciales y administrativos, el plexo normativo y la praxis de procedimiento”. Admitieron que es “un tema complicado”. El asunto genera fuertes discusiones internas entre Capitanich y Kicillof.
En su discurso de ayer de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la Presidenta dijo: “No hay ningún justificativo para aumentos de precios por encima de valores que no se condicen con la realidad y que solamente saquean el bolsillo de los argentinos”. Les hablaba a los empresarios supermercadistas.
Por ello anunció: “Vamos a tener que abocarnos desde el Poder Ejecutivo y desde este Legislativo a sancionar instrumentos que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos”.
Por eso Cristina dijo ayer en el Congreso que se daría así “cumplimiento por primera vez al artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que establece claramente la necesidad de proteger a usuarios y consumidores”.
Ese artículo dice que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de (…) sus intereses económicos” y faculta al Gobierno a la protección de esos derechos “contra toda forma de distorsión de los mercados” y “al control de los monopolios”.
Fuentes cercanas a la Presidenta aseguraban ayer que “se esperaba mucho más de Coto”. Y que “Coto y Carrefour no cumplieron el acuerdo de precios, por lo cual el malestar de Cristina no tiene vuelta atrás”.
El Gobierno también respaldará los proyectos de ley presentados por el senador Aníbal Fernández y por el diputado Héctor Recalde, ambos del Frente para la Victoria.
El primero ordena pagar las multas por incumplir acuerdos de precios antes de impugnarlas ante la Justicia. La iniciativa de Recalde, en cambio, endurece multas y habilita la expropiación de mercaderías a los comercios incumplidores.
De todos modos, todos los proyectos serán conflictivos. Las asociaciones de consumidores sostienen que todos los controles están previstos en la actual legislación.
