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El “per saltum” ya es ley

Tras siete horas de debate, el uso del recurso extraordinario fue aprobado en general por la Cámara de Diputados con 135 votos a favor y 95 en contra.

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La Cámara de Diputados convirtió este miércoles en ley el proyecto que reglamenta el “per saltum”, a pesar del rechazo de la oposición. Fue aprobado por 135 votos afirmativos contra 95 negativos, según publicó Minuto Uno.

La sesión comenzó pasado el mediodía -aunque el debate propio del per saltum inició pasadas las 12.30- y se extendió durante 7 ahoras, cuando finalmente a las 19.30 el proyecto impulsado por el Gobierno y rechazado por el arco opositor fue convertido en ley.

El “per saltum” es un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia tome directamente causas que están en primera instancia judicial si entiende que suponen “gravedad institucional”.

La oposición manifestó que rechaza el proyecto porque cuestiona la oportunidad de dar curso a la iniciativa en el marco de la tensión producida por la medida cautelar que suspendió parcialmente la aplicación de la ley de Medios hasta el 7 de diciembre.

La iniciativa convertida en ley lleva la firma de los senadores Miguel Ángel Pichetto, Marcelo Fuentes y Aníbal Fernández. Según el proyecto, se trata de aquellas causas cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y en las que el “per saltum” representaría la única forma de resolver el conflicto.

“Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes de la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución”, indica el texto.

Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, detalló que la Corte Suprema será la que determine si un caso tiene o no gravedad institucional. “Sólo actuará en casos civiles. En hechos penales, en absoluto porque la existencia de la doble instancia es la garantía del debido proceso”, aclaró.

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