La semana pasada, el Congreso de la Nación aprobó finalmente la Ley de promoción de la biotecnología, una iniciativa arribada al Parlamento desde el Gobierno Nacional, más exactamente desde el Ministerio de Economía, cuando Roberto Lavagna lo dirigía.
El proyecto, que tomó forma en 2005, apunta a estimular desde el Estado la industria biotecnológica nacional, de manera similar a lo hecho con la del software y la informática.
Dos años después, los legisladores convirtieron el proyecto en ley, no sin antes tener que transponer algunos escollos del propio funcionamiento del Poder Legislativo.
La novedad viene a cuento de la siguiente pregunta: ¿Qué hace el Congreso por el agro?
Habitualmente se tiende a responder que es muy poco o nada lo que los legisladores hacen vinculado a la actividad del agro.
Entonces, resulta una buena oportunidad esta nueva ley aprobada, para tratar de acercarnos a la realidad objetiva, en primera instancia haciendo un repaso de las leyes aprobadas, vinculadas al agro, en estos cuatro años de gobierno del presidente Kirchner. Así tenemos:
Ley 25.845, por la cual se le devolvió la categoría institucional al Instituto Nacional de Semillas, disuelto por el gobierno de Fernando De la Rúa en una fallida continuación de la reforma del Estado de los 90. Hoy la demora está en el Ejecutivo, que todavía no regularizó la constitución del directorio.
Ley 25.794, de lucha contra la grafolita, una importante plaga de los frutales junto con la carpocapsa. La ley facilita la importación de productos utilizados en su control y erradicación.
Ley 25.890, por la cual se aumentó las penas para el delito de abigeato. Iniciativa impulsada por el diputado Guillermo Alchouron, aprobada en el marco de las denominadas âleyes Blumbergâ.
Ley 25.924, de amortización acelerada y devolución anticipada del IVA. Concebida para la industria en general, fue aprovechada no sólo para las grandes inversiones de Cargill, Molinos Río de la Plata o AGD/Bunge (para T6 Industrial), sino también para inversiones de pymes agroindustriales.
Ley 25.951, que redujo el IVA al 10,5% para ganado bovino, ovino, caprino y camélido, atendiendo los reclamos de las cadenas de valor de estas ganaderías.
Ley 26.050, que redujo el IVA de los fertilizantes al 10,5%, para alinearlo con el de los granos. Era reclamo del ruralismo para evitar saldos a favor.
Ley 26.060, creando un plan de desarrollo sustentable para el algodón. La norma prevé la constitución de un fondo de $50 millones para estabilizar los precios de este producto, importante en las economías del norte del país.
Ley 26.093, de promoción de los biocombustibles. Relevante norma, que surgió de la visión de Claudio Molina y Héctor Huergo, y que encontró en el senador radical Luis Falcó la punta de lanza para su impulso en el Parlamento. El hecho de que la primera versión del proyecto haya sido votada por unanimidad en el Senado habla de que ciertos temas no tienen bandería partidaria.
Ley 26.141, de promoción de la ganadería caprina. Inspirada en la Ley de promoción de la ganadería ovina, esta norma crea un fondo para impulsar la cría de este ganado, importante económicamente en provincias extrapampeanas, como las de Cuyo o el NOA.
Ley 26.151, que unificó el IVA en 10,5% en toda la cadena de la harina y el trigo. Una iniciativa que se las traía porque implicaba ponerle el impuesto a un producto exento como el pan, con el âcosto políticoâ asociado que ello implica. Primaron la bendición del Gobierno (Afip) al proyecto y las atendibles razones esgrimidas por la molinería. En fin, son once leyes (casi tres por año) el resultado de cientos de proyectos ingresados en ese período. ¿Es esto mucho o es poco?
Lo que es obvio es que no se puede medir la actividad del Congreso con la vara que se utiliza para medir la producción de una fábrica. Pensar que un Parlamento que aprueba más leyes es más eficiente que otro que aprueba menos es sencillamente desconocer el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Al contrario, muchos (si no todos) los que se quejan de la presunta inactividad del Congreso se horrorizarían si en súbito vuelco productivista convirtieran en ley todo lo que ingresa como proyecto a las dos cámaras que lo componene.
Javier Preciado Patiño
