El gobierno de la República Oriental del Uruguay está trabajando sobre el precio de la leche y los caminos a seguir en ese sentido abarcan la liberalización del valor al productor y al consumo, con lo que se acompañaría las oscilaciones del precio internacional. Así lo informó hoy un artículo del diario uruguayo El País.
El inconveniente en este camino es la incidencia negativa que puede tener en la evolución de la inflación, para lo cual se podría establecer una banda de fluctuación con un piso que no afecta la competitividad y un techo que proteja al consumo de una espiral inflacionaria como consecuencia del precio internacional. En diciembre pasado, el precio de la leche al productor con destino a industria era de 0,38 u$s, mientras que la leche cuota, con destino al consumo, se ubica en 0,31 u$s, descontando el flete.
Por su parte, técnicos de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se encuentran debatiendo una fórmula que permita asegurar el abastecimiento de leche fluida al mercado interno, equilibrando la competitividad de todas las empresas, en la que no se descarta la obligatoriedad de una alícuota obligatoria del producto al mercado doméstico, según informaron fuentes del Ministerio de Agricultura de Uruguay luego de una reunión de trabajo técnico sobre precios de la leche para ser instalados el 1° de marzo, sobre lo que se espera surja una propuesta luego del feriado de Carnaval.
Las fuentes indicaron que por el momento se está transitando por la etapa de un borrador, por lo que aún no se recibió una propuesta concreta. Entre las dudas que todavía persisten se encuentra la estipulación de una obligatoriedad de volcar leche al mercado interno a todas aquellas empresas instaladas en el país, nacionales o extranjeras, que procesen materia prima con destino a la exportación.
La base de las dudas está en la vigencia de la ley de Subsistencias de 1948 que le otorga herramientas al Estado para intervenir de diferentes formas cuando el mercado interno se vea amenazado. “Esta ley le da muchos recursos al gobierno, como obligar a las empresas a vender o requisar stocks, entre otras”, dijeron las fuentes, por lo que entienden que no sería necesaria una nueva norma en ese sentido.
