El Gobierno intimó a Uruguay a que deje “sin efecto” el aumento del volumen de producción máxima anual de la planta de UPM (ex Botnia), al presentar hoy una nota de reclamo ante la embajada uruguaya en el país, denunciando la “violación unilateral” del Estatuto del Río Uruguay y amenazando con iniciar un proceso ante la Corte Internacional de Justicia, según publicó La Nación.
“Me dirijo a Usted con el objeto de referirme a la decisión del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, tomada el día 2 de octubre del corriente año a través de la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) N° 1334/2013, de autorizar el aumento del volumen de producción máxima anual de la planta de UPM (ex Botnia)”, comienza la nota, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dirigida por Héctor Timerman.
El comunicado destaca luego que “tal medida constituye una ruptura unilateral” y una “nueva violación por parte del Uruguay de sus obligaciones que emanan del Estatuto del Río Uruguay “.
Además, señala “el incumplimiento por parte de la planta de UPM (ex Botnia) de los standards establecidos pertinentemente y que se verán agravados si la autorización de aumentar la producción se implementara”.
De esta manera, el Gobierno le reclamó a Uruguay que deje “sin efecto” la resolución. De no ser así, aseguró que “la Argentina considerará que la controversia que ha surgido no puede resolverse por la vía de negociaciones y se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia”.
La escalada del conflicto
Con esta medida se intensifica el cruce por la ex Botnia, luego de que hoy el presidente de Uruguay, José Mujica, haya declarado que quiere esperar a que Cristina Kirchner “se recupere” y a que pase “el proceso electoral” para “conversar”.
El conflicto diplomático entre Uruguay y la Argentina por la pastera de Fray Bentos trepó en las últimas semanas varios escalones. Primero, Mujica autorizó unilateralmente el aumento de produción. Esa decisión fue rechazada por el Gobierno y por la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, que está en estado de “asamblea permanente”.
Luego, Buenos Aires amenazó con ir a la Corte Internacional de La Haya. Más adelante, el presidente Mujica y el canciller Héctor Timerman se enfrentaron con duras acusaciones político-técnicas vinculadas con la supuesta contaminación del río Uruguay por parte de los efluentes de la pastera.
