La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) respaldaron la eliminación en el Puerto de Buenos Aires “de un sistema monopólico de seguros, que funcionó sin sustento legal y encarecía los costos operativos del comercio exterior argentino, perjudicando su competitividad internacional”.
La supresión del certificado Transporte Argentino Protegido (TAP), adoptada por la Resolución Nº 76 de la Administración General de Puertos, remueve un requisito que impedía la prestación de servicios por las terminales portuarias en caso de carecer de aquel.
El TAP consistía en un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros por contingencias en la manipulación de contenedores, pero cuyos valores eran significativamente superiores a los de diferentes empresas aseguradoras y su obligatoriedad se erigió en un monopolio.
En los considerandos de la medida anunciada, en los que se asignó al Ministerio de Agroindustria de la Nación el rol de peticionante de la medida finalmente dictada, se informó que las empresas concesionarias, que utilizan las terminales de Puerto Nuevo-Puerto Buenos Aires, ya están obligadas por el pliego de bases de la licitación que les otorgó la autorización para operar, por lo que el TAP resultaba redundante y carecía de normativa que lo tornara obligatorio.
