‘Los productores que soliciten ingresar en la denominada Emergencia Agropecuaria terminarán registrando mayores gastos impositivos’, dijo hoy a Infocampo Pablo Landoni, titular del Estudio Jurídico Peralta, Landoni, Bona.
“La Ley provincial 10.390 no tiene ningún beneficio y un gran porcentaje de los contribuyentes que ingresa queda como rehén del fisco’, advirtió Landoni, para luego mencionar que ‘la falta entrecruzamiento de datos entre ARBA y el Ministerio de Asuntos Agrarios es el principal factor causante de los inconvenientes del sistema’.
La Ley 10.390 exige estar al día en el Impuesto Inmobiliario Rural al momento de presentar la solicitud. “Pero por la falta de sincronización entre el ente de determinacion (Ministerio de Asuntos Agrarios) y el de aplicación (Arba) suele suceder que los certificados se emiten posteriormente al vencimiento original, lo que determina la imposibilidad de su aplicación, salvo que el contribuyente abone el impuesto y después solicite su repetición”, explicó Landoni.
Por otra parte, la Ley 10.390 determina que
Pero
Dicho interés se encuentra actualmente en el 1% mensual; es decir, en el caso de la emergencia sería entonces del 0,70% mensual. Por ende, el beneficio, en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, no es la prórroga del vencimiento, sino un corrimiento del pago con intereses que, más allá del ‘descuento’ del 30%, sigue siendo elevado.
La prórroga establecida por la emergencia es de siete meses (enero a julio de 2009). Por ende, si el impuesto inmobiliario rural es ‘por ejemplo’ de $ 100.000, a partir de febrero de 2010 (período de la emergencia + 180 días de prórroga) debería abonarse $ 109.100; si no estuviese la emergencia, el pago sería de $ 113.000.
‘No sólo es el peor negocio ingresar en esta Emergencia Agropecuaria, sino que genera serios dolores de cabezas para los productores’ bonaerenses, señaló el especialista tributario, y añadió que ‘la norma es mucho más mediática que real’.