La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional manifestaron su disconformidad sobre el Proyecto de Ley de Política Ambiental Provincial, presentada por el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López; y el secretario de Ambiente, German Pratto.
“Entendemos que es un proyecto general con buenas intenciones, que no logra salir del esquema programático y que deja librados la mayoría de sus puntos, aún las propias definiciones, a futuras reglamentaciones. Poco agrega a la legislación nacional vigente, sin lograr la complementación anunciada”, manifiestan las conclusiones del análisis sobre el proyecto de Ley.
Y continuaron: “Genera conflictos con la normativa provincial (ley 7343 y su Decreto Reglamentario 2131) que prevé la mayoría de los instrumentos de política ambiental y podría actualizarse. Tampoco queda claro en el proyecto cómo se conjugará con otras leyes, como por ejemplo, la de Áreas Naturales (N° 6964), la Ley de Bosques (N° 9814)”.
Por otra parte, “no resuelve los actuales inconvenientes en el área de la actual Secretaría de Ambiente e incrementa la tarea, exigiendo nuevos instrumentos como la Evaluación Ambiental Estratégica, el Plan de Gestión Ambiental, generando más y nuevos interrogantes acerca de la gestión en un área administrativa que no cuenta con los recursos económicos, técnicos ni humanos necesarios”.
Y además de los mencionado, “se introduce, sin resolver con claridad, el instrumento base que denomina de manera diferente a la LGA que es (conforme a ésta) el Ordenamiento Ambiental Territorial. Y no ha logrado complementar, sistematizar ni ordenar la normativa existente, creando vacíos, derogando tácitamente normas que deja sujetas a futuras reglamentaciones”.
“Queda absolutamente plasmado en el proyecto lo que en la práctica se percibe a través de la gestión, que no es ni más ni menos que una falta de decisión política y una clara dirección de la orientación que desde el Poder Ejecutivo se quiere dar al amplio marco de las actividades productivas que se desarrollan en la Provincia de Córdoba”, explica el texto de la Comisión de Enlace cordobesa.
También se proclamaron en cuanto a, “no compartimos la opinión vertida en esta Comisión en que la solución sea incrementar el presupuesto que se maneja en el ámbito de la Secretaría de Ambiente. Ello agravaría más la realidad existente. Antes que ello, debe existir en el seno del Poder Ejecutivo un replanteo del modelo de gestión, en procura de mejorar los estándares en términos de transparencia, información, idoneidad técnica y, sobre todo, previsibilidad”.
Y concluyeron que, “el gran desafío de Córdoba no está en generar nueva legislación sino en optimizar la gestión calificada de ineficiente y sospechada de corrupción por el representante de la UTN, quién además estuvo al frente de la propia Secretaría de Ambiente”.
