Definitivamente, el debate que se viene en Argentina con respecto al marco normativo para la comercialización de semillas será arduo durante 2026, quizás incluso más que en todas las ocasiones anteriores en que se buscó, sin éxito, un acuerdo para actualizar la obsoleta ley que rige el mercado desde mediados de los ’70.
El avispero se agitó tras la firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que tiene como uno de los ítems la obligación por parte de nuestro país de adherir al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), abandonando el convenio de 1978 del que actualmente forma parte.
Y quien terminó de patear el tablero fue el presidente de la Nación, Javier Milei, al subrayar el tema de las semillas como un eje fundamental para la “revolución” del agro que pretende, para que el país alcance 300 millones de toneladas de producción de granos.
EL DEBATE POR LAS SEMILLAS y UPOV 91
“Daremos un régimen de propiedad para los innovadores en semillas”, dijo Milei durante su discurso ante el Senado, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
Desde el lado del ruralismo la reacción fue inmediata: la Federación Agraria Argentina (FAA) y antes la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), expresaron su apoyo a una reforma de la ley de semillas, pero ratificaron su rechazo a UPOV 91.
¿El motivo? El acta de 1991 supone, en teoría, más derechos para los obtentores y menos para los productores por el “uso propio” de la semilla (cuando la compran y luego la reproducen para seguir produciendo sus propios campos).
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Además, las entidades consideran que no es necesario adherir a UPOV 91 para mejorar la oferta genética, habida cuenta que países como Brasil o Paraguay han logrado crecer en productividad mientras permanecen adheridos a UPOV 78.
LA POSICIÓN DE LOS SEMILLEROS
En este contexto, apareció el otro actor relevante de la novela: la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que salió a celebrar y “acompañar de manera contundente la decisión de Milei de situar la modernización del régimen de propiedad intelectual vegetal como una prioridad estratégica de Estado”.
“El impulso a la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la UPOV constituye un paso decisivo para revertir un proceso que, durante décadas, fue erosionando la competitividad y la productividad del agro argentino por falta de actualización normativa y de reglas claras que acompañen el desarrollo tecnológico”, señaló ASA.
Luego, recordó que el Presidente ejemplificó con algunos cultivos en su discurso. “No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea, cuando en Brasil son de 1.400. Tampoco podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina”, expresó Milei.
Al respecto, ASA coincidió: “En cultivos como el algodón, donde el desarrollo genético es determinante para mejorar rindes y calidad, no podemos seguir sin reglas claras que protejan la innovación. Si no adherimos a UPOV 91, seguimos castigando a quienes invierten y apostando al atraso”.
UPOV 91 Y LA SEGURIDAD JURÍDICA
En este contexto, desde ASA dijeron compartir plenamente la convicción de que no hay crecimiento sostenido sin seguridad jurídica y repasaron que el Acta 1991 —adoptada por 63 países— “representa hoy el estándar internacional en materia de protección de obtenciones vegetales”.
“Argentina, en cambio, continúa bajo un esquema de 1978 que la mantiene al margen de ese marco. Actualizar la normativa es una condición necesaria para competir en igualdad de condiciones y potenciar la capacidad exportadora del país”, enfatizaron.
También subrayaron que “la incorporación del concepto de variedades esencialmente derivadas y la protección efectiva de los derechos del obtentor brindarán previsibilidad y transparencia a toda la cadena. Al mismo tiempo, el Estado conserva las herramientas para regular de manera equilibrada el uso propio, garantizando un esquema claro y sostenible”.
“Este cambio fortalece la libertad económica y crea condiciones para que empresas, pymes y centros de investigación desarrollen en el país nuevas variedades y mayor valor agregado, evitando que el talento y las inversiones se trasladen a jurisdicciones con marcos regulatorios más adecuados”, continuaron.
Y aseguraron que “sostener el esquema actual implica mantener un modelo que ya mostró sus limitaciones y que contribuyó a que la Argentina perdiera competitividad en uno de sus sectores más estratégicos”.
“Avanzar en esta actualización, en cambio, significa asumir que el desarrollo tecnológico es un pilar central para incrementar rendimientos, mejorar la productividad y consolidar el liderazgo del agro argentino”, completaron.
UN PARALELISMO CON VACA MUERTA
Para cerrar, la Asociación de Semilleros mencionó que Milei citó a Vaca Muerta y a la minería, como ejemplos palpables de que, con marcos normativos claros y estabilidad jurídica, la inversión llega.
“ASA reafirma su total disposición para trabajar junto al Gobierno Nacional y el Congreso en la pronta implementación de estas reformas. Este es el momento de tomar decisiones estructurales que aseguren la inserción definitiva de la Argentina en el comercio global con reglas previsibles”, indicó.
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Y concluyó: “Desde el sector semillero acompañaremos este proceso redoblando esfuerzos e inversiones para transformar este nuevo marco legal en más producción, más empleo y mayor competitividad para toda la cadena agroindustrial”.
