Desde la empresa esperancina Almaro S.A., dedicada al reciclado de bidones de glifosato -únicos habilitados en la provincia para esta tarea-, reclaman al Estado santafesino una mayor determinación en el control de la informalidad que -afirman- existe en el rubro, ya que representa una competencia desleal y atenta contra el medioambiente, según publicó el sitio Campo litoral.
“Desde Medioambiente (la Secretaría de Estado) nos aseguraron que, por ser los únicos habilitados, toda la provincia tenía la obligación de traernos los bidones a nosotros; pero no pasó ni va a pasar porque ya hay gente que paga para retirar los bidones y no hay una exigencia nacional para seguir la trazabilidad”, indicaron desde la firma que dirige Alicia Picatto.
Sostienen que “hay muchas empresas operando ilegalmente” (calculan 10 o 12) que “muelen, lavan y tiran a las cunetas el residuo”, además de tener trabajadores en negro, sin estudio de impacto ambiental, ni actualización de los vehículos para la recolección y transporte de los bidones.
El enojo se funda en la inequidad que implica haber asumido los costos y el esfuerzo para cumplir con todas las exigencias de habilitación -las certificaciones demandaron un año y medio de trámites e inspecciones- mientras otros operan desprovistos de responsabilidad y subvierten la naturaleza del sistema de reciclado. Ocurre que en teoría los generadores de residuos deberían pagarle a Almaro S.A. para que les retiraren los bidones, ya que se trata de un servicio. Pero los esperancinos se ven obligados a comprar los envases vacíos porque eso hacen los informales. “Cuando Medioambiente tenga los métodos y las herramientas para controlarlos a todos ahí si va a valer nuestro certificado; pero hoy no tiene valor”, se lamentaron.
También remarcaron que, a pesar de ser un trámite online gratuito, los usurarios de glifosato -productores, contratistas- no se registran como generadores de residuos peligrosos, por lo cual tampoco les pueden entregar el certificado de destino final como indica la normativa vigente.
Capacidad ociosaHabilitada para operar desde febrero de 2014, Almaro S.A. -además de única empresa habilitada en la provincia, es una de las 6 que revisten esa categoría en todo el país- cuenta con capacidad para recolectar 30.000 bidones semanales, pero afirman que sólo operan al 30% de su capacidad, y pagan entre $2 y $4 cada uno, según la ubicación. Ahora que es “época pico” reducen entre 12.000 y 15.000 envases, mientras que “fuera de temporada” suman 2.000 o 3.000. Para el traslado cuentan con 2 camiones con acoplado propio, más 5 empresas habilitadas con las que tercerizan el trabajo, según la zona de la provincia. En un radio de 140/150km lo hacen con sus vehículos.
El proceso en la planta incluye la recuperación del residuo para su reutilización en el campo. Para ello cuentan con medidores de sal de glifosato y cuando se llega a la concentración deseada se envía a analizar a la UTN para garantizar que no hay otro producto. Al final del proceso, el efluente contiene entre 2 y 6% de sales. Al mes son 12.000 litros de residuo que por el momento se utiliza en campos propios en una zona de la provincia donde el agua es pesada.
El proceso, que implica corte, enjuague, lavado, filtrado, fundido y pelletizado del plástico, arroja entre 70 y 80 toneladas de producto reciclado que se destina a la industria automotriz, baldes de albañil, etc.
En teoría, el resultado final del proceso de recuperación y reciclado debiera ser la entrega al productor de un certificado de disposición final, pero previamente los productores deben registrarse, algo que sólo unos pocos hacen. “Tenemos la obligación de entregar el certificado, pero no podemos porque al no ser generadores de residuos peligrosos no podemos entregar el manifiesto”, indicaron.
Desde la empresa sostienen que hay una “laguna legal importante” y también falta información: “si uno pregunta cuantos bidones de glifosato se generan en la provincia de Santa Fe, no lo sabe ni Medioambiente”. Según sus números son más de 3 millones, de los cuales podrían procesar más del 70% pero sólo lo hacen con un 25%. Esto ocurre porque “se venden ilegalmente” (en un 90%) o los queman aquellos que no los venden. “No pueden salir a correr a los ilegales porque no tienen elementos para hacerlo”, protestaron.
También acusaron a las empresas que vende glifosato, que “se debería inscribir como generador de residuo y cuando entregan el producto (la usuario) deberían informarle donde entregar el residuo y obligarlo a que lo entreguen, pero como ellos no quieren perder clientes les dicen ‘te lo vendo y arreglate’”.
Incluso denunciaron el “manoseo” del reciclado de bidones. “Rafaela tuvo un crédito de 500.000 dólares de la Nación para hacer la primera planta de reciclado en el país; pero se comieron la plata, no la hicieron y hoy Rafaela nos entrega a nosotros. Pero igual la vendieron en todos los diarios”.
