La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 33/2009, que declara la emergencia agropecuaria para aquellas provincias afectadas por la sequía.
El decreto establece la prórroga hasta 2010 del pago del impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta y bienes personales.
En los considerandos, el decreto prevé que los beneficios fiscales serán aplicados sólo a los productores que acrediten una pérdida de por lo menos el 50% de su cosecha, aquellos que no hubieran contratado previamente un seguro por sequía y que no tuvieran la infraestructura suficiente, tal como sistemas de riego, para paliar los efectos de la falta de lluvias.
Especialistas consultados por Infocampo afirman que el 33/2009 afecta al 18%del saldo de ganancias de un productor,siendo que a la fecha ya se realizaron elpago de los anticipos y las retencionespertinentes sobre la producción. HéctorTristán, del estudio Tristán y Asociados,señaló “que el decreto, de cierta formaes una ayuda al campo, pero si lo pensamoscomo medida paliativa frente a unasituación hídrica tan grave, nos damoscuenta de que no es suficiente”.
“El beneficio del decreto 33/2009 hace que por ahora el productor no se ahogue financieramente, claro que una medida real para la envergadura de la situación hubiera sido bajar las retenciones de la soja, porque eso generaría menos tributos a cargo del productor”, agregó Tristán.
Por su lado, Guillermo McLoughlin Bréard, asesor impositivo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), explicó que “la medida es muy general, el pago se difiere por un año, pero el productor sigue debiendo; en definitiva, lo que hace el decreto es que la DGI no vaya a intimar a la gente por no pagar los impuestos, pero bajo ningún concepto se puede hablar de un beneficio impositivo, sino financiero”.
Bajo la ley de coparticipación federal existe el impuesto que recauda la nación y reparte entre el 40% y 45% a las provincias. En tanto, el impuesto a las ganancias vía coparticipación, al haberse decretado la prórroga por un año del pago, las provincias se verán obligadas a postergar sus recaudaciones fiscales hasta 2010.
La Nación financiaría el 58% de lo recaudado y el resto lo financiarían las provincias al no recibir por parte de la coparticipación los impuestos a las ganancias que les corresponden.
Un estudio realizado a mediados de 2008 sobre la presión impositiva para el campo, muestra que para un rinde de 3,2 toneladas de soja por hectárea
y un precio FOB es de u$s575 por tonelada, el total de impuestos que el productor abonaba trepaba a u$s919,7 por hectárea (incluyendo derechos de exportación), representando un 50% del precio FOB.
En el panorama actual, donde el fenómeno climático tuvo una incidencia negativa sobre la producción, el porcentaje de los impuestos a las ganancias y bienes personales sería poco significativo. La ganancia mínima presunta se calcula sobre el 1% del activo total, independientemente de la producción.
Del total de los impuestos planteado en el caso anterior, u$s206 por hectárea corresponden a impuestos a las ganancias o ganancia mínima presunta, y u$s11,3 por hectárea se abonan en concepto de bienes personales. El monto restante corresponde a impuestos inmobiliarios, tasa vial y derecho de exportación, que representa un 60% sobre el total impositivo. McLoughlin Bréard señala que “el beneficio financiero sirve como medida, pero la efectividad real es muy baja.
Es difícil cuantificar las implicancias porque aún no se sabe de cuánto van a ser las pérdidas, pero la mayoría que tribute este año tendrá que pagar sólo la ganancia mínima presunta”.
Para Héctor Tristán el decreto de emergencia agropecuaria simplemente traslada las obligaciones de pago durante un año. “La cuestión es si el año que viene el productor tendrá fondos suficientes con una cosecha tan mala”, afirma.
(Artículo publicado en la edición de hoy de Infocampo Semanario)
