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Santa Fe: van por una ley de feedlots

La iniciativa se suma a otras que avanzan en provincias como Buenos Aires o Córdoba, donde estos establecimientos han crecido significativamente en número.

La iniciativa se suma a otras que avanzan en provincias como Buenos Aires o Córdoba, donde estos establecimientos han crecido significativamente en número.
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La diputada provincial en Santa Fe, Mónica Tomei, está dando los retoques finales a un proyecto de ley para regular el asentamiento y funcionamiento de los engordes a corral, más conocidos como feedlots, en el ámbito provincial.

La iniciativa se suma a otras que avanzan en provincias como Buenos Aires o Córdoba, donde estos establecimientos han crecido significativamente en número.

El proyecto de Tomei es del tipo “reglamentarista”, es decir que deja muy poco librado a la decisión de la autoridad de aplicación.

Por ejemplo define la cantidad de metros cuadrados que deben tener los corrales por cada animal en engorde, los cuales deberán oscilar entre 15 y 20 metros cuadrados por cabeza encerrada.

También indica dónde deberán instalarse los comederos y cuál será el frente mínimo que deberán tener, con la idea de facilitar el acceso de la hacienda a la comida. Aspectos de diseño como pendiente mínima y máxima de los corrales, ancho y largo de los corrales y cantidad máxima de animales a alojar tampoco escapan del empeño reglamentario del proyecto.

Pero uno de los temas más importantes es dónde van a poder funcionar los engordes.

Tomei propone que no sea a menos de 8 km de áreas urbanas ni menos de 5 km de asentamientos humanos en áreas rurales.

Tampoco podrán estar a menos de un kilómetro de rutas nacionales, provinciales o caminos de alto tránsito (no se define el criterio para esto último), como así tampoco a menos de un kilómetro de un curso de agua superficial. También se especifica que no podrán funcionar en zonas donde la napa freática se encuentre a menos de dos metros de la superficie.

Por último establece que aquellos engordadores que se asentaron en zonas que luego no cumplirían con la normativa, dispondrán de un plazo de dos años para trasladarse a otras que sí las cumplan. Lo que no se aclara es quién se hará cargo de ese costo, que no es poco, pero es fácil adivinarlo.

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