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Se reglamentó la emergencia agropecuaria: todavía no se sabe en qué zonas regirá

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial. El gobierno nacional determinará las regiones que han sido afectadas a instancias de los gobernadores. No se especificaron los plazos de demora de tal decisión.

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial. El gobierno nacional determinará las regiones que han sido afectadas a instancias de los gobernadores. No se especificaron los plazos de demora de tal decisión.
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Por Infocampo

El gobierno nacional reglamentó hoy la emergencia agropecuaria nacional por medio de la cual contempla la prorroga de impuestos (bienes personales y ganancias) y la eliminación del arancel a las cartas de porte para productores afectados por la sequía. Así lo determinó la resolución 33/2009 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El tema es que la resolución no especificó en qué zonas regirá la emergencia (cuestión que decidirá el propio gobierno nacional a instancias de las provincias), ni qué plazos de demora se registrarán para efectuar tal decisión.

“Declárese la emergencia agropecuaria para los productores cuyos establecimientos se encuentren en las regiones que el Poder Ejecutivo Nacional delimite a instancias de los Gobiernos Provinciales, conforme el procedimiento previsto por la Ley 22.193”, indicó la resolución.

Ayer lunes al término del acto en la Quinta de Olivos, el secretario de Agricultura de la Nación, Carlos Cheppi, adelantó en declaraciones a la prensa que “la determinación de las zonas que serán declaradas demorará un tiempo en función de diversos estudios que deberán realizarse”.

“Las medidas que se adopten deberán estar destinadas a los productores que hayan sufrido un perjuicio concreto, cierto y verificable, no compensado a través de otros medios cuando los factores no hubieran podido preverse o, previstos, no hayan podido evitarse”, añade la norma del Poder Ejecutivo.

“La situación de sequía verificada en algunas regiones del país, amerita la adopción de decisiones por parte del Gobierno Nacional para contrarrestar los perjuicios que efectivamente afecten a un segmento de los productores agropecuarios”, aclara la resolución 33/2009.

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