La iniciativa crea un régimen por 15 años y establece un corte obligatorio para nafta y gasoil con bioetanol y biodiésel, respectivamente, de 5% a partir del cuarto año de promulgada la norma.
La ley que había sido aprobada por unanimidad en el Senado tuvo varias modificaciones en lo referido al costo fiscal, que ascendía a más de $800 M y que creaba una figura que liberaba del IVA a los beneficiarios. Esto último fue criticado desde sectores del Parlamento y del Gobierno bajo el argumento de que abría la puerta a la evasión”.
La nueva redacción destina los esfuerzos fiscales únicamente para la promoción de Pyme, productores agropecuarios y economías regionales. El costo fiscal de la nueva versión de la ley -que pagará la sociedad en su conjunto- asciende a unos $675 M, y su aplicación será recién a partir del cuarto año de su promulgación.
La autoridad de aplicación para la norma será determinada por el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo con las facultades y de la ley de ministerios. Otro cambio es que se contempla que el Congreso pueda otorgar subsidios, los que distribuirá la autoridad de aplicación designada. Se prevé un régimen de sanciones para quienes no cumplan.
Los beneficios que otorgará la ley y que deberá ser revisada por el Senado son:
* IVA y Ganancias: se aplicará el tratamiento actualmente vigente en la ley 25.924 a la adquisición de bienes de capital o la realización de obras de infraestructura correspondientes al proyecto.
* Mínima Presunta: los bienes afectados a los proyectos de inversión del proyecto promocionado no integrarán la base imponible para el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
* Combustibles: el biodiésel y bioetanol que se utilice para realizar el corte obligatorio de 5% para mezclar en gasoil y naftas, respectivamente, estará exento de la tasa hídrica, del Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas natural, y del Impuesto al Gasoil aprobado hace un año.
Entre las modificaciones se habilita a la Sagpya a promover “cultivos destinados a la producción de biocombustibles” y programas específicos, a la Secretaría Pyme para promocionar la adquisición de bienes de capital para la producción y a la Secretaría de Ciencia y Tecnología a impulsar la cooperación entre las Pyme y los organismos científicos y de investigación de carácter públicos.
