Todos los sectores económicos argentinos que generen o dispongan de dólares estarán en la mira del gobierno nacional durante el año 2009 y esto a pesar de la confiscación de los ahorros privados de los trabajadores.
“Esta situación se genera porque el Estado argentino deberá afrontar en 2009 buena parte de los vencimientos de deudas en dólares y los nuevos recursos con los que contará el gobierno serán en pesos”, dijo hoy a Infocampo Ramiro Castiñeira, analista económico de la consultora Econométrica.
“El panorama económico se complicó muchísimo a partir de la caída en el precio de la soja: hoy el gobierno está apoyado en las reservas del Banco Central, pero esto no es sustentable en el tiempo”, indicó Castiñeira, para luego mencionar que “se necesitará buscar los dólares necesarios para poder afrontar los pagos externos”.
En 2009 el Estado nacional deberá abonar unos 8200 millones de dólares por compromisos externos. El dato es que el año que viene el gobierno ya no contará con superávit comercial externo a causa de la caída de los precios de los commodities agrícolas.
De esta manera, para conseguir la cantidad de dólares necesarios para afrontar los compromisos externos, el gobierno tiene dos opciones: pedir préstamos o utilizar las reservas del Banco Central (BCRA). El primer caso es inviable en el actual escenario. El segundo es viable, pero implicaría una notable reducción de las reservas internacionales y una creciente inflación interna.
“El gobierno está equivocando el camino al confiscar el dinero de las AFJP, dado que creará una caja en pesos, pero tendrá que salir al mercado a adquirir dólares, poniendo en riesgo las reservas del Banco Central”, señaló el economista, y agregó que “la estatización de las jubilaciones es una medida que no mira más allá del corto plazo”.
Por su parte, la confiscación de los ahorros privados que pretende imponer el gobierno aumentará aún más la dependencia económica del interior del país con la Nación, ya que las provincias tendrán derecho a reclamar buena parte del dinero que recaude el Estado.
Al respecto, Castiñeira comentó que “existen muchas dudas de que realmente prosperen los pedidos de las provincias sobre lo que realmente le corresponde; es muy complejo que estos reclamos se hagan realidad”.
