Un informe de consultoría realizado para el gobierno advirtió el peligro de que frigoríficos brasileños, que concentran plantas en Uruguay, formen un cártel que fije precios en desmedro de los productores y recomendó “vigilar de cerca” a esas firmas. Así lo indicó un artículo publicado hoy en el diario uruguayo El País.
El informe, según El País, señala que existen “importantes incentivos” para que los frigoríficos pacten políticas de fijación de precios (colusión) y “escasos para no hacerlo”. Por ello recomienda establecer de forma “explícita” una serie de “penalizaciones elevadas” que, en caso de detectarse colusión “guarden una relación con el volumen de ventas de las empresas”.
Estas conclusiones y sugerencias están incluidas en un trabajo encargado por el Programa de Apoyo a la Defensa de la Competencia y Consumidor que financió el Banco Interamericano de Desarrollo para la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía.
El reporte elaborado por el ingeniero agrónomo Juan Manuel Murguía concluyó que “no se ha demostrado la existencia de colusión, pero tampoco se puede descartar”. Esa afirmación se basa en que existen “importantes incentivos para coludir y escasos para no hacerlo”. Entre los incentivos está la ganancia que se puede dar.
Según los datos obtenidos por el autor “si mediante un proceso de colusión se logra bajar el precio del kilo en pie de ganado, solamente un centavo, esto implicaría para un frigorífico que faena 200.000 cabezas anuales un aumento en los beneficios de U$S 900.000”. Esto representaría “como mínimo” una cuarta parte de la rentabilidad promedio actual de ese tipo de empresas.
Los costos de acordar acciones en contra de un tercero, en cambio, son “casi inexistentes en Uruguay”. Mientras la pena -por un acuerdo colusorio- en Uruguay sería mínima, en Brasil pueden ir desde 1% hasta 30% de la facturación anual.
La plaza local, sostiene el trabajo, presenta “un gran número de condiciones que facilitan la colusión”. Entre ellas una “alta concentración” de firmas, importante dificultad para el ingreso de nuevos actores, “muchos vendedores sin poder de negociación” y empresas brasileñas con presencia “en varios mercados”, entre otras.
El informe advirtió que la tercera parte de la faena está en manos de dos empresas que pactaron fijaciones de precios en Brasil. Se trata de Marfrig (Colonia, Elbio Pérez, La Caballada y Tacuarembó) y Bertin (Canelones), que en 2005 enfrentaron una denuncia por coludir junto a otros seis frigoríficos brasileños. En febrero de este año un procurador general recomendó la condena de los ocho frigoríficos, aunque en el segundo semestre hubo intentos de los acusados de lograr un acuerdo con la gremial de productores que los denunció.
Este antecedente “facilitaría la colusión en Uruguay” e incluso se “puede negociar en Brasil”, afirma el estudio. Se sugiere que si Marfrig “se pone de acuerdo en Brasil” con Ernesto Correa -empresario brasileño que controla el frigorífico Pul en Cerro Largo- “toda la zona Norte del país estaría bajo un único cártel” en función de la presencia de La Caballada en Salto y el Tacuarembó.
Es por ello que el trabajo sugiere “vigilar de cerca” a empresas con antecedentes de colusión y aquellas “que tengan vínculos comerciales con las mismas”. Además, recomienda “disminuir las barreras” a la entrada al sector frigorífico simplificando los trámites para la habilitación.
