La Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemi) denunció a Vale y Consorcio Río Colorado (CRC) por estafa. El caso fue presentado ayer en la Fiscalía de Delitos Complejos ante la fiscal Claudia Ríos, según publicó Los Andes.
Según explicó Carlos Ferrer, presidente de la Cámara, la intención es que se investigue si Vale actuó de mala fe, sin anunciar a tiempo su decisión de vender el proyecto, provocando una serie de inversiones sin sentido por parte de las empresas proveedoras.
“Las compañías de Mendoza invirtieron mucho dinero para poder prestar servicios en un proyecto que nunca se concretó. Denunciamos a Vale por estafa, porque ocultó la información de la venta y esto perjudicó a 35 empresas nucleadas en la Cámara”, comentó.
Para Ferrer, el pago de facturas adeudadas por los servicios prestados no es suficiente para compensar las dificultades económicas que la caída del proyecto generó en la integridad de las empresas proveedoras.
“Los pagos no se están realizando con la agilidad que se necesita, ni con la amplitud que corresponde”, señaló.
El presidente de la Cámara de Servicios Mineros explicó que la mayoría de las empresas pidieron leasing, préstamos prendarios o auxilio financiero de cualquier tipo. “Al no cobrar a tiempo, no pueden cumplir con sus obligaciones con las entidades bancarias y su situación es cada día más complicada”, agregó.
La deuda que Vale mantiene con las 35 empresas de la Casemi, oscila entre los 70 y los 80 millones de pesos, según cálculos de Ferrer. Sin embargo, a través de la denuncia se busca que la minera pague un monto aún mayor, para compensar los problemas financieros ocasionados.
Ante la fiscalía, se presentó a modo de ejemplo el caso de Autotransportes Andesmar, que desembolsó un total de $ 40 millones de pesos para poder prestar un servicio privado en Malargüe.
“Esa inversión implicó un endeudamiento que necesita ser compensado por Vale”, sostuvo Ferrer. La denuncia presentada por la Cámara adjunta documentación probatoria de la compra de vehículos, contratos de personal y capacitaciones, entre otros argumentos.
El presidente de Casemi agregó que las normas internacionales obligan a las empresas gestoras de cualquier proyecto de grandes dimensiones a responsabilizarse por el impacto que sus decisiones generen en la economía del lugar. A modo de ejemplo, mencionó las normas ISO 26.000
Para él, jugará un papel clave en la investigación el momento en el cual Vale comunicó a empresas y autoridades su decisión de vender el proyecto Potasio Río Colorado. Esto sucedió el 9 de abril en el Senado de la Nación, en una reunión convocada por el gobernador Francisco Pérez y diputados nacionales de todos los partidos.
Durante esa jornada, la multinacional de capitales brasileños presentó una nota firmada por su CEO, Sergio Freitas Leite, en la cual dejó claro que no continuará con el proyecto y su prioridad, ahora, pasaba por conseguir compradores.
No obstante, las obras se habían detenido en diciembre, lo que genera la sospecha de Carlos Ferrer quien acusó a Vale de “simular actividades de trabajo en la mina, mientras mantenían negociaciones con empresas interesadas en comprar el proyecto”.
Cabe aclarar que la Cámara de Servicios Mineros nunca advirtió a Vale sobre la posibilidad de una denuncia en su contra, a pesar de que “se mantiene buen diálogo con la minera”, según Ferrer.
De hecho, hoy se llevará a cabo una reunión entre la Cámara y directivos de Vale, para continuar la cancelación de la deuda comercial que la minera mantiene con sus proveedores.
La medida no impone trabas
El presidente de la Casemi, aseguró que la denuncia penal presentada no interfiere con los planes del Gobierno, que busca agilizar los tiempos de venta del proyecto, además de conservar buenas relaciones con Brasil. “El objetivo del Gobierno no se va a ver afectado, porque la denuncia corre por cuerda separada”, aclaró.
“Nosotros simplemente hemos comunicado los hechos a la fiscal, quien decidirá cómo encuadrar la causa y qué medidas tomar”, cerró.
