La Justicia federal procesó a cinco empresarios dedicados a la comercialización de cereales en Chaco por causarle perjuicio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en tributos nacionales equivalentes a unos 700 millones de pesos.
Según fuentes vinculadas a la causa, el 7 de noviembre pasado la jueza federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, por el delito de “asociación ilícita fiscal” a Maximiliano Gabriel Montaldo, Pier Carlo Montaldo, Vanesa Noemí Rodríguez, Daniela Cristina García y a Julio Alberto Battiston, según informó Télam.
A Maximiliano y Pier Montaldo se les trabó embargos por dos millones de pesos a cada uno, mientras que a Rodríguez y García les alcanzó la misma medida judicial por la mitad de esa cifra; y se declaró en rebeldía a Battiston y prohibió la salida del país, a fin de prestar declaración indagatoria.
Las actividades consideradas ilícitas se realizaron a través la empresa “Las Pircas Cereales S.A.”, inicialmente radicada en Santa Fe, que aparecía como “operador” en el Registro Fiscal de Operadores de Compraventa de Granos y Legumbres Secas.
La denuncia contra los empresarios fue presentado por el apoderado de la AFIP, Amilcar Federico Aguirre, en mayo de 2014 y ante el fiscal federal Patricio Sabadini por operaciones entre 2011 y 2014, en los que realizó “la falsa declaración de existencia” de 285.692 toneladas de soja “con la pretensión de comercializar en forma marginal”.
La empresa declaró la existencia de esa cantidad acopiada en la planta ubicada en Acebal, provincia de Santa Fe, que conforme a la documentación de habilitación el almacenaje alcanza a una capacidad de 7.000 toneladas y que en una inspección de la AFIP realizada en 2014 se constató la existencia de 119 toneladas del cereal, indica el cable de la agencia de noticias.
La magistrada señaló que en el marco de la fiscalización y control de comercialización y transporte de granos “se detectaron numerosas infracciones incurridas por la contribuyente, habiéndose interceptado mercadería -granos de soja- de su propiedad, en tránsito desde diferentes puntos del país al amparo de documentación irregular”.
A la vez señaló que las cartas de porte “en las que figuran asentados un lugar de procedencia u origen del grano donde la firma en cuestión no tiene declarado lugar de acopio ni explotación” y que “dichas medidas impiden al fisco conocer el verdadero contribuyente primario, blanqueando mercadería que en su origen surge como marginal”.
Niremperger señaló que la empresa denunciada generó “un enorme perjuicio a las arcas del Estado Nacional” y que Las Pircas S.A. “no cuenta con una estructura o capacidad económica o financiera que razonablemente justifique el movimiento de granos verificado”, explica el artículo de Télam.
La “asociación ilícita tributaria” que se le imputa a los empresarios “estaría estructurada a partir de distintos ‘estratos y eslabones’ de empresas apócrifas que simulan operaciones entre sí de modo tal de imposibilitar tanto la identificación de los verdaderos sujetos que realizan transacciones, como el seguimiento físico de los granos a través de las respectivas cartas de porte lo que impide determinar su origen y destino final”.
La jueza señaló en la resolución en cuestión “sin prisión preventiva” se fundamenta en que los imputados y procesados se presentaron “hasta el momento de ser indagados (…) lo cual hace presumir que no intentarían eludir la acción de la justicia, ni entorpecer las investigaciones”.
