En las últimas horas, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) le solicitaron formalmente al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que “instruya a los fiscales” provinciales a fin de frenar el avance judicial contra un productor agropecuario.
Se trata de Eduardo Alejandro Bieler, sobre quien pesa una multa de 900 salarios básicos y un proceso de ejecución fiscal que aún no está firme.
Bieler fue jefe de la Policía Rural de la provincia entre 2018 y 2020, y desde la Sociedad Rural de Vera, en el norte santafesino, respaldaron el reclamo del productor.
Carlos Castagnani, titular de CRA
“CRA marca que la Provincia inició un juicio de apremio en el expediente “Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático c/ Bieler, Eduardo y otros, mientras el productor ya tramitaba un recurso contencioso administrativo ante la Cámara de lo Contencioso de Santa Fe”, explicaron.
El planteo de la entidad rural es que esta situación no solo afecta al productor involucrado, sino que “erosiona la confianza del sector en los mecanismos de control estatal y en el debido proceso”.
LA MULTA
A valores de diciembre de 2024 el montón ascendía a más de $379 millones. “Supera incluso el valor del predio rural del propio productor”, destacaron. Y por eso es que la entidad habla directamente de un efecto “confiscatorio”.
“Es incompatible con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben guiar la actuación sancionatoria del Estado”, expusieron desde la entidad presidida por Carlos Castagnani.
No obstante, buscaron reconocer también la “importancia” de la política ambiental de la provincia, pero sostuvieron que “ninguna sanción puede poner en riesgo la continuidad económica de una familia productora, aun en caso de que eventualmente se comprobara algún incumplimiento”.
Por eso, el pedido es frenar el juicio de apremio hasta que “la Justicia falle y de curso a una instancia de diálogo técnico entre el Ministerio de Ambiente, las entidades rurales y el propio productor”.
“Una revisión prudente evitaría un daño injustificado y enviaría una señal de seguridad jurídica y diálogo hacia todos los productores de la provincia”, cerraron.
