“La existencia de la CNTA, creada por la ley 22. 248 sancionada en el año 1.980 y que rige las relaciones laborales entre trabajadores rurales y empleadores, ha sido determinante para lograr la continuidad democrática en las negociaciones colectivas.
A pesar de los cambios políticos, durante todos estos años la CNTA continuó su labor y permitió que “las partes” afectadas pudieran plantearse mutuamente sus problemas y hacer de la decisión un producto de la comprensión y el consenso. Esa comprensión se dio ante la lamentable situación que vivió el campo en la década del ’90 que produjo la desaparición de miles de productores agropecuarios como consecuencia fundamental de la falta de rentabilidad por precios internacionalmente irrisorios. Los trabajadores no estuvieron ausentes en ese triste episodio. La salida de la convertibilidad cambió la situación. La rentabilidad del sector mejoró notablemente. En junio del 2003, la remuneración mínima para el trabajador rural, estatizada durante diez años en $250, se pactó en $550 y luego se aumentó a $630, siempre con la posibilidad concreta de la discusión en distintos ámbitos regionales”.
