Entre los múltiples temas que se están debatiendo en el Congreso relacionados con el campo y la agroindustria, uno relevante son los diversos proyectos de ley para regular los mercados voluntarios de carbono.
La semana pasada, en el Senado se realizó una reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda, donde se pusieron en discusión tres propuestas normativas al respecto.
Una de ellas -la que tiene más chances de tener dictamen, presentada por la senadora Flavia Royón- es la que lleva trabajando desde hace dos años la Sociedad Rural Argentina (SRA) junto a la Mesa Argentina de Carbono, y tiene como fin generar las condiciones jurídicas necesarias para que el mercado de créditos de carbono se desarrolle en el país.
Y la SRA le puso números a esta iniciativa: sostiene que estos mercados pueden representar para la Argentina una oportunidad económica de aproximadamente US$ 4.800 millones anuales.
MERCADO DE CARBONO: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
En un comunicado, la SRA expresó que su objetivo es “que la Argentina pueda aprovechar esta oportunidad de generación de divisas, inversiones y empleo, pero bajo una condición central: el reconocimiento de la propiedad privada y de los derechos de los productores sobre sus tierras”.
En ese sentido, desde la Comisión y el Área de Sostenibilidad de la SRA, junto con el área de Seguimiento Legislativo, se vienen llevando adelante reuniones y negociaciones con legisladores y representantes del Poder Ejecutivo para alcanzar consensos que permitan avanzar con una legislación específica.
“Llevamos dos años de trabajo en conjunto con los legisladores y el Poder Ejecutivo. Estamos muy cerca de tener un proyecto que contemple todos los derechos de los productores y permita el ingreso de divisas al país”, señaló la vicepresidenta segunda de la entidad, Eloísa Frederking.
Un aspecto clave destacado por la Sociedad Rural es que el desarrollo del mercado de carbono puede generar una nueva fuente de ingresos para productores y comunidades de distintas regiones del país, particularmente en zonas del NEA, NOA y la Patagonia, donde existen importantes superficies con potencial para desarrollar proyectos de conservación y captura de carbono.
Mercados de carbono: tres claves para que Argentina atraiga inversiones y sea competitiva
Pero el planteo de la SRA es que esos recursos no queden concentrados en intermediarios ni bajo un esquema de administración estatal, sino que lleguen a los propietarios y productores que generan y sostienen los proyectos.
“Estos recursos van a ir hacia regiones donde el desarrollo del país ha quedado inmovilizado ante la presión del ambientalismo extremo y leyes que generaron pobreza estructural”, enfatizó Frederking.
EL MERCADO DE CARBONO Y LOS BOSQUES
En este contexto, desde la Sociedad Rural subrayaron que la discusión también involucra el régimen de protección de los bosques.
En ese sentido, al participar de la reunión plenaria del Senado, el director de la SRA, Andrés Costamagna, planteó que, además de una Ley de Carbono, es necesario introducir cambios en la Ley de Bosques para generar condiciones que permitan desarrollar nuevos proyectos productivos, de conservación y de generación de empleo en las economías regionales.
Esta posición de la entidad ya había sido expresada públicamente por el presidente de la SRA, Nicolás Pino, durante el discurso inaugural de la 138° Exposición Rural.
“En la Argentina no hay bienes comunes, hay bienes públicos y bienes privados”, afirmó entonces, al reclamar a los gobernadores el respeto de la Constitución Nacional y un marco que permita concretar inversiones vinculadas al mercado de carbono.
La misma línea fue planteada posteriormente por Pino durante la 82° Exposición de la Sociedad Rural Salteña, donde destacó el trabajo realizado junto a la senadora Flavia Royón para avanzar en un proyecto de ley que respetara la propiedad privada y generara nuevas oportunidades para Salta y Jujuy.
“Esta es la oportunidad de poner en valor el mercado de carbono para Argentina. Hemos intentado ingresar a un mercado, fuera de la ideología o de los extremos que distorsionan y que no nos llevan a pertenecer a esto que en el mundo ya está desarrollado” expresa Andrés Costamagna
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 26, 2026
Ahora, luego de dos años de trabajo, la SRA asegura haber alcanzado, junto con el equipo de la senadora Royón, una propuesta legislativa que considera superadora y que podría permitirle a la Argentina posicionarse en el mercado internacional de créditos de carbono.
“Hemos logrado una propuesta de ley que se ajusta a lo que necesita la Argentina. Junto al equipo de la senadora Royón trabajamos en una propuesta que consideramos superadora y que garantiza que la Argentina será un jugador de importancia en este mercado, si se logra dictamen y se aprueba a la mayor brevedad posible esta propuesta en el Senado de la Nación”, afirmó Costamagna.
Para el dirigente rural, el avance representa un reconocimiento al trabajo realizado durante estos dos años. “Para la SRA esta es una conquista. Cuando muchos nos decían que estábamos hablando de humo, nosotros seguimos trabajando. Estamos muy cerca de que ese humo se vuelva dólares”, sostuvo.
Por último, Costamagna remarcó que el desafío ahora es lograr que el proyecto avance en el Congreso y que el país pueda aprovechar una oportunidad que, según la entidad, puede contribuir a romper con décadas de atraso en distintas regiones.
“Es fundamental que estos proyectos sean de los privados. Las experiencias en el mundo nos muestran que cuando hay exceso de Estado esto no funciona. Si lo logramos, esta será una conquista de la Mesa de Carbono Argentino junto a la SRA, que no nos dimos por vencidos en ningún momento”, concluyó.
LA POSICIÓN DE CRA
En tanto, también dentro de las entidades del campo, el dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Ernesto Messina, participó del plenario de comisiones del Senado de la Nación donde presentó la posición institucional de la entidad, remarcando la necesidad de una ley que impulse el desarrollo del mercado de carbono con pleno respeto por la propiedad privada, la seguridad jurídica y reglas claras para los productores.
Durante la exposición, Messina sostuvo que CRA considera positivo que el Congreso avance en una legislación nacional sobre mercados de carbono, ya que representa una oportunidad para atraer inversiones, impulsar el financiamiento climático, promover el desarrollo regional y reconocer económicamente los servicios ambientales que generan los productores en todo el país.
No obstante, remarcó que ese crecimiento sólo será sostenible si el marco legal brinda previsibilidad y evita conflictos entre el Estado, las provincias, los propietarios rurales, los desarrolladores de proyectos y los compradores de créditos.
En ese sentido, uno de los principales planteos de CRA fue que los créditos de carbono, aun cuando puedan ser reconocidos como activos intangibles con autonomía para su comercialización, no pueden desvincularse del derecho de propiedad que les da origen. La entidad sostuvo que cuando un crédito se genera sobre un inmueble privado, el propietario debe conservar la titularidad económica y percibir los beneficios correspondientes, salvo que exista un consentimiento expreso o una cesión contractual válida.
En ese sentido, sostuvo que ningún régimen de carbono puede habilitar una apropiación directa o indirecta de beneficios económicos generados sobre bienes privados sin el debido respaldo jurídico.
Asimismo, CRA manifestó su preocupación por los denominados programas jurisdiccionales o colectivos, al considerar que presentan riesgos para los derechos de los propietarios rurales. En ese sentido, advirtió que la inclusión de un establecimiento dentro de un programa provincial, un inventario, un registro o una metodología de certificación no puede interpretarse como una cesión de derechos ni como una adhesión automática.
Por ello, la entidad solicitó que la futura ley garantice que toda participación sea previa, expresa, específica, informada y por escrito, preservando además el derecho de los productores a retirarse de estos programas y a desarrollar proyectos individuales sobre sus establecimientos.
La entidad también planteó la necesidad de que el sistema administrativo sea simple y transparente, evitando la proliferación de registros nacionales, provinciales o sectoriales que generen mayores costos, superposición de competencias e inseguridad jurídica.
En ese marco, propuso la creación de un único registro nacional con funciones de publicidad, trazabilidad y prevención del doble conteo, sin que dicho registro tenga efectos sobre la titularidad de los créditos ni imponga nuevas cargas burocráticas para los productores.
Finalmente, CRA sostuvo que el acceso al mercado regulado debe contar con procedimientos objetivos, previsibles y no discriminatorios. En ese sentido, señaló que las autorizaciones para las transferencias internacionales y los mecanismos de contabilidad climática deben estar claramente establecidos en la ley, incluyendo requisitos, plazos, criterios de evaluación, causales de rechazo y mecanismos de revisión, brindando la seguridad jurídica necesaria para fomentar inversiones y proyectos de largo plazo.
