“Desde 1994, la jurisdicción nacional para la colegiación de los ingenieros agrónomos no existe más”, dispara Sergio Rang, activo miembro del Colegio Profesional de la provincia de Córdoba.
La disputa que mantiene esta organización con el Consejo Profesional de la Ingeniería Agronómica, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la matriculación.
Según Rang, si un profesional ejerce su actividad en una provincia basta con que pague la matrícula al Colegio provincial, incluso, dice, si trabaja para instituciones de carácter multiprovincial como el Inta, el Senasa o la Secretaría de Agricultura. Al respecto, menciona que en el Congreso de la Nación hay proyectos en trámite para que esto quede claramente expresado por ley.
Rang explica que hay unos 2.000 profesionales que sobrellevan algún tipo de demanda por la matriculación y que cinco casos ya han llegado a la Corte Suprema. Cuando se expida habrá jurisprudencia sobre el asunto.
“Las provincias nunca delegaron esa potestad (la de fiscalizar la actuación profesional) en la Nación. Eso está muy claro en la Constitución de 1994”, asegura Rang.
