Representantes de las cámaras de productores lecheros de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Santiago de Estero (alineados con la política K) presentaron formalmente a un grupo de legisladores oficialistas un proyecto de ley que dispone la intervención del mercado lácteo.
La idea de los tamberos K es establecer un marco de control de precios y de exportaciones antes de fines de año (dado que a partir del 10 de diciembre asume el nuevo Congreso).
La iniciativa (que puede verse aquí) propone crear un Instituto Nacional de Lechería (Inale) que se encargaría de definir todos los años un cupo de exportación determinado a partir de las necesidades estimadas de abastecimiento del mercado interno (la misma lógica que la aplicada en el caso del trigo y el maíz).
El proyecto también establece un ‘precio de referencia de la leche cruda comercializada en el mercado interno’ que ‘deberá ser un valor mínimo a percibir por el productor’ y ‘no podrá ser inferior a los costos de producción de la leche cruda publicados trimestralmente por el INTA’.
Hasta la semana pasada los tamberos K también estaban evaluando incorporar al proyecto la aplicación de retenciones móviles (‘precio de corte’) a los principales productos lácteos. Pero esta modalidad no fue incluida finalmente en la iniciativa para no generar mayores conflictos con las usinas orientadas a colocar la mayor parte de su producción en mercados externos (aunque no se descarta que el ‘precio de corte’ pueda ser incorporado durante el eventual tratamiento del proyecto en el Congreso).
El secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno se reunió recientemente con representantes de dos grandes industrias lácteas argentinas, quienes le solicitaron al funcionario que el gobierno nacional implemente medidas orientadas a recortar los márgenes de las usinas exportadoras de leche en polvo.
Según fuentes del sector lácteo, durante las reuniones surgió la promesa oficial de que la nueva avanzada interventora se haría a través de un proyecto legislativo impulsado por un grupo de tamberos alineados con el gobierno nacional.
Los representantes de las dos grandes industrias lácteas se mostraron a favor de la estrategia de Moreno, porque consideran que una norma aprobada por el Congreso, además de tener mayor legitimidad, les permitiría “sacar del juego” durante un buen tiempo a las empresas del sector con un perfil exportador (que hoy por hoy tienen una capacidad de pago de 0,95 $/litro de leche).
