El gobernador bonaerense Daniel Scioli dijo que la Ley de Hábitat, con media sanción en la Legislatura provincial, no viola la propiedad privada ni los derechos adquiridos, aunque deslizó la posibilidad de que pueda realizarse un veto parcial de la norma, que entre otras iniciativas, plantea que los countries deban donar una porción de tierras para la construcción de viviendas sociales, según publicó Minuto Uno.
En diálogo con Radio 10, el mandatario provincial dijo que la norma buscará la construcción de viviendas sociales, pero también señaló que “es necesario que la Provincia siga atrayendo” a emprendedores privados.
“Se va aplicar con razonabilidad. Tiene que haber mucha inversión pública y mucha privada”, indicó Scioli. En esa línea, el gobernador dijo, ante la consulta, que maneja la posibilidad de vetar parcialmente la norma. “Vamos a resolver esto con equilibrio”, aseveró.
Asimismo, el gobernador dijo en C5N que está de acuerdo con el “fondo de la ley”, pero que en caso de que haya necesidad de corregir algo “están los mecanismos institucionales ya sea para hacer una modificación en el Senado y que el proyecto vuelva a Diputados, el veto parcial o cuando se reglamente la ley, corregir alguna situación”.
La iniciativa, que tiene media sanción en la Legislatura provincial y debe ser tratada en el Senado, modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo sancionada en 1977 para “abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbana habitacional, desalentando las prácticas especulativas” sobre la tierra.
La norma fue respaldada por los legisladores del Frente para la Victoria-Partido Justicialista Alicia Sánchez, Alberto España y Guido Lorenzino; de la Coalición Cívica Walter Martello; de Alternativa Peronista, Ricardo Lissalde; de Radicales del Pueblo, Carlos García; del Frente Amplio Progresista, Ricardo Vago; del Pro Peronismo, Marcelo Di Pascuale; de Nuevo Encuentro, Adrián Grana; de la Unión Cívica Radical, Walter Carusso; y de Proyecto Bonaerense, Jorge Solmi.
El punto más discutido del proyecto radica en que los grandes emprendimientos urbanísticos privados nuevos deban ceder tierras a los municipios para viviendas sociales.
