El gobierno del Uruguay rechazó las acusaciones de Argentina sobre el caso de UPM (ex Botnia) y redobló la apuesta: propuso una reforma al Estatuto del Río Uruguay para aumentar los controles de impacto ambiental en la zona, pero con lo que ocurre de ambas márgenes, según publicó La Nación.
Se trata de la respuesta oficial al ultimátum que ayer hizo la Argentina, en el que instó al presidente uruguayo José Mujica a que revoque la decisión de aprobar la ampliación de producción de la pastera, ya que, en caso contrario, recurrirá a la Corte Internacional de La Haya.
La carta enviada por el canciller Luis Almagro a su colega argentino Héctor Timerman, defiende la autorización de incremento de la producción anual de celulosa de la Planta Orión de UPM y también las gestiones del gobierno uruguayo para ello.
En la respuesta de hoy, Uruguay sostiene “de manera enfática” que los resultados de “los análisis del monitoreo conjunto” sobre el impacto ambiental, “demuestran sin ambigüedades que la Planta Orión de UPM no contamina”.
En la misiva diplomática, el gobierno de José Mujica indica que “Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales”, tanto en lo referente al “Estatuto del Río Uruguay”, como “con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia” de abril de 2010.
“Propuesta ambiciosa”
Además, Uruguay acusa a la Argentina de utilizar los pedidos de informe con una “práctica (que) desnaturaliza un mecanismo que tiene como objeto la consulta y el intercambio informativo”, lo que a juicio de la administración Mujica “no es aceptable”.
En la carta de respuesta, el gobierno uruguayo “reitera su disposición a continuar las negociaciones para alcanzar un nuevo marco normativo en la CARU que satisfaga el interés común de preservar la calidad ambiental del Río Uruguay”.
El canciller uruguayo dice -ahora públicamente- que el 1° de octubre le hizo a Timerman una “propuesta ambiciosa y constructiva” para mejorar el Estatuto del Río Uruguay con mayores controles ambientales.
Dice que esa “iniciativa no solo refleja la buena fe y la buena disposición del Uruguay para continuar las negociaciones” sino que “aporta una base concreta para (.) poder alcanzar los más altos estándares internacionales para la protección del río”.
